Preguntan cómo justifican las críticas de la ex comisaria de la UE a las ‘devoluciones en caliente’.
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido al Gobierno central que justifique la carta de la ex comisaria de Interior de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, en la que critica los ‘rechazos en frontera’ o ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes a Marruecos.
La portavoz de los upedistas en el Congreso, Rosa Díez, pregunta al Ministerio del Interior cómo explica los reproches de la comisaria europea cuando el ministro Jorge Fernández Díaz asegura que las expulsiones de inmigrantes son “totalmente legales”.
En la misiva enviada por Malmström al Ministerio del Interior la comisaria echa en cara al Ejecutivo central que las devoluciones a Marruecos “violan diferentes normas comunitarias”, en concreto el código de fronteras del espacio de libre circulación de Schengen, la directiva sobre procedimientos de asilo y de retorno y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Díez apunta en su pregunta al Ministerio del Interior que la normativa citada por Malmström “prohíbe expulsar sin más al país vecino a los extranjeros que accedan a territorio europeo”.
“Según la comisaria de Interior, los inmigrantes tienen derecho a ser oídos y a solicitar asilo en el país comunitario al que lleguen”, subraya la upedista en su pregunta.
“Recelo” de la UE
Asimismo, la dirigente magenta añade que la Comisión Europea “recela” del proceso de regularización de los ‘rechazos en frontera’ que piensa llevar a cabo el PP a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que serviría para modificar la de Extranjería. “Según la propia Comisión, esto podría resultar en una violación de las obligaciones de España a tenor del derecho de la UE”, apuntilla Díez.
Por ello, pregunta al Ministerio cómo justifica la carta de la ya ex comisaria de Interior si, según todas las explicaciones del Gobierno español, las “devoluciones inmediatas de inmigrantes” son legales.
En la misma línea, la upedista se interesa por la evaluación que ha realizado el Ejecutivo sobre el “choque jurisdiccional” ante las directivas sobre procedimiento de asilo y retorno y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE si se lleva a cabo la modificación de la Ley de Extranjería.
Por último, pregunta si el Gobierno tiene intención de aumentar el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y Ceuta para que los inmigrantes que entren por vías irregulares puedan ser identificados siguiendo “los procedimientos administrativos estipulados”.
