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La formación exige derogar la ley que impone costes para iniciar determinados procesos
El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla (UPyD), Emilio Guerra, reclamó ayer que todos los ciudadanos, independientemente de su renta y condición social, puedan acudir a la justicia y contar con un buen abogado. Afirmó, en una nota de prensa, que “las abusivas tasas judiciales establecidas por el PP, condicionan el acceso a la Justicia a las personas con menos recursos económicos, generan campos de impunidad y debilitan la independencia de los órganos judiciales”.
En julio de este año, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad por inconstitucionales de las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas, impulsadas en 2012 por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, “la sentencia no ordenaba la devolución de las tasas ya abonadas” matizó el dirigente magenta.
Por otro lado, UPyD pidió que se destinen más medios y recursos económicos para evitar una saturación de expedientes en los juzgados, así como una despolitización total de los juzgados, tal y como lleva defendiendo desde 2007.
Según Emilio Guerra, “la Ley de Tasas se implantó con criterios recaudatorios y los más de 500 millones de euros ingresados no han sido invertidos en la Administración de Justicia ni muchos menos”. “Los partidos políticos tienen que sacar sus manos de este poder y dejar de condicionarlo”, aseguró ayer el portavoz nacional de UPyD, Gorka Maneiro.
Este partido considera que “se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos” al tener que pagar primero para poner en marcha un proceso judicial ante cualquier Tribunal, debiendo desembolsar cantidades que incluso en ocasiones es superior a la que se va a reclamar.
El dirigente local de UPyD, por su parte, añadió que lo esencial es “garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva como reza en el artículo 24 de la Constitución”, considerando que la Ley de Tasas “perjudica gravemente a las personas con menos posibilidades económicas, ya que les impide su acceso a la justicia”, por lo que es necesaria su derogación.
