El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla, Emilio Guerra, ha informado de la presentación, por parte de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, de una serie de preguntas al Gobierno de Mariano Rajoy en torno a la conciliación de la vida familiar en el seno de las Fuerzas Armadas.
Desde Unión Progreso y Democracia se considera que la reciente orden ministerial 12/2013, de 19 de febrero, por la que se modifica la orden ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional, establece los supuestos de aplazamiento de comisiones de servicios en operaciones en el extranjero, pero entre ellos no se recogen los casos por “reducción de jornada” en virtud de la orden ministerial 121/2006, de 4 de octubre.
En la referida disposición 121/2006, se establece que “el militar que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o disminuido psíquico, físico o sensorial, puede ser exonerado de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que interfieran con el disfrute de la reducción de jornada”.
A tenor de lo anterior, se entiende que en aplicación de la orden ministerial 12/2013, muchos militares, especialmente mujeres, que se encuentren disfrutando de “reducción de jornada” por razón de “guarda legal” de un menor de doce años, puede ser designada para participar en los contingentes de misiones en el extranjero.
Emilio Guerra ha comentado que no entiende cómo dentro de las medidas protectoras para el aplazamiento de comisión en misiones exteriores, en casos de embarazo, vistas judiciales de separación o divorcio, litigios sobre patria potestad, guardia y custodia de hijos o procedimientos de ejecución hipotecaria etc., “no se contemplen también las de reducción de jornada por guarda legal de la orden 12/2006”.
Hay que recordar que la formación de Rosa Díez también ha preguntado recientemente en el Congreso si el Gobierno central tiene intención de modificar la Ley de Adopción para adaptarla a las exigencias planteadas por Marruecos.
