Afirma que los vecinos deben tener una solución y que no sólo les digan que es “un tema complejo”
El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, aseguró ayer que la “situación conflictiva” que viven los vecinos del Barrio del Real, como consecuencia de la práctica de la prostitución en algunas de sus calles, “debería ser motivo de mayor presteza por parte de las autoridades locales”.
Para Guerra, no se trata tan sólo de escuchar a los vecinos para después decir que el “problema es complejo y de difícil solución”. Abogó por dar una respuesta “eficaz a una demanda ciudadana”.
Solución urgente
El dirigente de UPyD consideró que lo “urgente” en El Real es tratar de atender las peticiones de los residentes que son los que sufren las consecuencias de esta “actividad desreglada y mafiosa que en España mueve más de 5 millones de euros diarios”.
Además, Guerra apuntó la falta de una legislación nacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres víctimas de esta actividad.
“La compra de servicios sexuales se encuentra en una situación de alegalidad, es decir, no es legal ni ilegal, simplemente se permite. Pese a que ejercer la prostitución libremente no está penado, los municipios tienen la capacidad de regularla en las calles a través de sus ordenanzas”, añadió.
Las propuestas
El dirigente de UPyD destacó que en su II Congreso Nacional de noviembre de 2013 de su partido se abordó la problemática y se fijaron posiciones claras al respecto. Así, se aprobó que “sin menoscabo de las políticas aplicadas contra la trata y la delincuencia sexual, debe estudiarse la posibilidad de establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la prostitución”.
La idea de esta formación es que aquellos hombres y mujeres que libremente y sin coacción decidan practicar esta actividad puedan hacerlo con “plena seguridad jurídica, con las garantías sanitarias y de higiene, y con los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador”.
La regulación
Asimismo, Guerra indicó que dicho marco regulador deberá establecer “las medidas necesarias para evitar que el ejercicio de esta actividad provoque conflictos en barrios y ciudades”.
Además, añadió que “la prostitución debe regularse como una actividad privada y libremente consentida entre adultos, sin participación de menores de edad, retirada de los espacios públicos, ajena al proxenetismo y la delincuencia”.
Para Guerra, las personas arrastradas a la prostitución contra su voluntad “deben encontrar apoyo institucional para abandonarla, así como protección legal y social, de forma que puedan rehacer su vida”.
