Guerra: “PP y PSOE son incapaces de abordar el despilfarro autonómico porque sienten verdadero pánico a perder el apoyo parlamentario de los nacionalistas”
Tras la moción de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), presentada el pasado martes en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno a que utilice todas sus competencias constitucionales a fin de recortar el gasto autonómico superfluo, el coordinador melillense de la formación magenta, Emilio Guerra, lamentó las reticencias del PP y las negativas del PSOE, que dejaron en soledad la propuesta de UPyD, y aseguró que “somos un Estado residual reducido a la impotencia”.
Guerra comentó que las dos grandes fuerzas políticas del país, “sienten verdadero terror a poner en marcha algo que pueda incomodar a los nacionalistas”.
A juicio de UPyD, el Gobierno “se ha empeñado en concentrar los recortes del gasto público en los presupuestos de la Administración Central del Estado y todo indica que se propone profundizar en esta misma línea pese al deterioro de la situación financiera”. Por ellos, los upedistas consideran que con tal de mantener la mayoría parlamentaria –“y por tanto el poder”– el peso de los intereses autonómicos, cada vez es más “desorbitado” sobre una política nacional “raquítica” que tiende a desaparecer.
La previsión de déficit para el año 2011, hasta el 7,5 por ciento del PIB, adjudica a la administración central el 2,5, a las CCAA el 4,2, y a los entes locales el 1.
El déficit autonómico, según Guerra, “sería mucho mayor si la administración central no soportase la totalidad del grueso de los gastos que son consecuencia automática de la crisis (como prestaciones por desempleo y carga financiera) o si no se hubieran inyectado a las autonomías 11.000 millones de euros incumpliendo el compromiso de respetar los límites autonómicos de déficit”.
El Gobierno, según la moción presentada por la diputada nacional de UPyD, “ha de hacer uso de las competencias que le atribuye la Constitución en los artículos 103.1, 128.1, 131.1, 149.1.13ª, 149.1.14ª y 150.3 para recortar el gasto superfluo de las administraciones autonómicas en un mínimo de 15.000 millones de euros”.
Para ello desde las filas de UPyD se propone, por un lado, introducir un techo de gasto obligatorio a cada Comunidad; en segundo término, los mecanismos de penalización para los incumplimientos de dicho techo o de los compromisos de déficit.
En este punto también sugiere como mecanismos a poner en marcha, no avalar las emisiones de deuda autonómica que sirvan para financiar un déficit superior al permitido y retener parte del importe de los anticipos a cuenta de la participación en los tributos del Estado que corresponda a la Comunidad infractora.
La tercera de las propuestas es investigar la existencia de duplicidades y solapamientos de las administraciones y de sus entes públicos, suprimiendo o reduciendo el tamaño de todos aquellos superfluos e ineficaces.
