Guerra afirma que este precepto legal es contrario a la Constitución. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla informó ayer en nota de prensa de la iniciativa que han presentado al Gobierno central para que en un plazo máximo de tres meses impulse medidas para eliminar las “exenciones de autoridades y cargos públicos a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar cuando supieren sobre lo que les fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley, salvo que concurran los requisitos exigidos en los tratados internacionales en los que España sea parte y sin perjuicio de la obligación de guardar secreto en los casos legalmente previstos”.
El coordinador melillense, Emilio Guerra, consideró que los “privilegios” actuales son contrarios al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. Además, la posibilidad de que algunos cargos declaren por escrito “rompe con el principio de inmediación y puede poner en peligro el éxito de la investigación”. Así pues, por la “vulneración” de principios constitucionales, UPyD considera que estas exenciones deben revisarse.
