El presidente de Unitaxi Melilla, Mohamed Lamrani, ha vuelto a cargar contra la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad por permitir trabajar dos VTC en la ciudad autónoma sin reglamento, pese a que un decreto emitido por el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, daba de plazo hasta el 30 de septiembre de 2022 a las Asambleas autonómicas para aprobar o, en su caso, un reglamento para los vehículos de transporte con conductor.
Lamrani se ha mostrado “muy enfadado” por el hecho de que, más de un año después de que dos VTC se hayan instalado en Melilla, la ciudad continúe sin reglamento para estos coches, lo que provoca que, según él, estén infringiendo ciertas normas contenidas en el decreto nacional y en el borrador de la Ciudad Autónoma. Así, el presidente de Unitaxi ha recordado, por un lado, que las VTC han de ser contratadas mediante aplicación y no mediante teléfono o incluso con el brazo levantado en la calle.
"Dejación de funciones"
“Aquí en la ciudad, aparte de no tener reglamento, el problema es la manera como trabajan cuando esos vehículos con conductor”, ha protestado Lamrani, para quien “parece que Melilla es Tombuctú”. “Hay una dejación de funciones por parte de la Ciudad Autónoma”, ha subrayado el representante de los taxistas, quien ha instado al Gobierno local a regular finalmente este sector.
Por si fuera poco, para Lamrani, el colmo es que “encima exhibe el teléfono como publicidad en el vehículo, que es ilegal”. Así, el presidente de Unitaxi reitera que “la Consejería tiene que actuar de oficio”, ya que “Melilla es España también y no puede ser una excepción”, por lo que “hay que aplicar la normativa vigente” y crear el reglamento para la circulación de las VTC en Melilla. "Aquí no nos va a tratar de tontos o como si nos hubiéramos caído de una higuera, ya que el decreto Abalos lo deja muy clarito", ha protestado el representante de los taxistas.
Lamrani ha reaccionado de esta manera a la noticia publicada hace unos días en la que la Asociación Empresarial de VTC en Andalucía, a la que pertenece Melilla, había defendido públicamente el derecho de su asociado en la ciudad a “ejercer su actividad” y había anunciado que actuará “con contundencia” contra quienes “prendan menoscabar” el libre ejercicio de su trabajo.
