Guerra considera necesaria una reforma en el sistema de financiación de partidos.
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó recientemente en el Congreso determinadas enmiendas para modificar el Código Penal y atajar el grave problema de la “corrupción política generalizada que nos aqueja”, según la opinión de su coordinador en Melilla, Emilio Guerra.
Una cuestión que fue finalmente rechazada por el PSOE con la abstención del PP en la Cámara de Diputados.
Desde la formación magenta, se considera que también las empresas privadas que prestan servicios públicos deberían quedar sometidas a un nuevo delito de “corrupción privada” y no a la disciplina del cohecho, ya que los sujetos implicados, directivos de empresas públicas, no tienen la condición de funcionarios.
“Para proteger la imagen del Estado de Derecho, es necesario prevenir y sancionar como corrupción privada las mismas conductas cuando sus autores sean cargos directivos de partidos políticos, los cuales, como establece el artículo 6 CE, son instrumento fundamental para la participación política”, defendió Guerra. UPyD, solicitaba en este punto, una pena de prisión de seis meses a un año e inhabilitación absoluta de uno a tres años para quién admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva, regalo, beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados, que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo.
