La Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias (UCMR) ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a nivel estatal contra los avisos previos que las administraciones autonómicas dan a las residencias antes de llevar a cabo una inspección.
Esta organización denuncia que a día de hoy los responsables de las residencias y centros de atención a personas dependientes en la mayoría de autonomías de nuestro país son avisados con antelación de las visitas de inspecciones de servicios sociales.
"Incluso en caso de denuncia, son informados del objeto de la misma con el tiempo suficiente para ocultar lo que no quieren que vean las inspecciones y simular un impecable funcionamiento".
Para la UCMR, esta práctica que califican de "corrupta y delictiva" por parte de la Administración, supone un boicot a sus propias inspecciones además de un atentado contra el buen funcionamiento de los centros socio-sanitarios y, en definitiva, contra la correcta prestación de los servicios sociales que tienen la obligación de garantizar por imperativo legal.
La Asociación asegura que cuando se aproxima una inspección todo cambia en las residencias, una vez ya se conoce el día exacto.
"La comida es de más calidad y más abundante, en los turnos se incrementa el personal, se resuelve la sobreocupación ocultando o trasladando a las personas usuarias a otros centros y la víspera acude el servicio de mantenimiento".
El conjunto de trabajadores, familiares, usuarios y asociaciones de pensionistas llevan años denunciando públicamente esta práctica ante los poderes públicos. Sin embargo, estos cargan contra la Administración, de quienes dicen, los responsables niegan la mayor con "arrogante despotismo" y rechazan la apertura de una investigación.
Por otro lado, insisten en que sin una inspección eficaz no se puede garantizar un servicio mínimo de calidad ni el bienestar de los residentes o el cumplimiento de los ratios de personal. Tampoco se pueden investigar quejas y reclamaciones, ni velar por la cobertura de las necesidades básicas de atención o de evaluación y seguimiento de las personas usuarias; ya sea asistencia sanitaria, comida, higiene, calidad de los servicios, denuncia de casos de abandono, incumplimientos legales o maltrato, entre otras.
"Todo eso tan fundamental, queda al libre albedrío de las residencias cuando no existe inspección, o esta se vuelve inoperativa al ser boicoteada por sus superiores desde su posición privilegiada".
Desde UCMR afirman no poner en entredicho la labor de los funcionarios inspectores. Sin embargo, sí cuestionan seriamente la capacidad de gestión, así como la labor de los cargos superiores, de quienes dicen son los responsables de establecer y usar de manera premeditada métodos de trabajo disruptivos en la prestación del servicio público al no blindar el secreto de las inspecciones y facilitar esa practica.
"Esta actuación ilícita de las Administraciones tiene por finalidad garantizar la impunidad de los centros amigos en detrimento de los cuidados y derechos de las personas más vulnerables y del cumplimiento del mandato del artículo 9.2 de la Constitución".
Como conclusión, la UCMR sostiene que esos “chivatazos” forman parte de un eslabón dentro de un proceso que muestra la forma de actuar de los responsables de la Administración ante los problemas sociales. La asociación añade algunos ejemplos como caducidad de expedientes, resoluciones de reclamaciones en serie, prescripción de faltas, sanciones que tildan de ridículas en las que el lucro es de docenas de miles de euros superior a la sanción (rateos), fallecimientos sin esclarecer, malos tratos sin investigar, entre otros.
Por todo ello demanda el establecimiento de un protocolo que garantice el secreto en las inspecciones.
"Los hay, por ejemplo permitir que el inspector decida el centro a inspeccionar entre los que tenga asignados, informando a sus superiores solo en el momento de iniciar la inspección".
Por último, animan a la ciudadanía a firmar en la campaña en la web Change.org.
