Según ha publicado la web 'El Salto', ocho serían las personas solicitantes de asilo expulsadas del CETI de Melilla en las últimas semanas, según han denunciado este lunes desde Solidary Wheels, organización que da acompañamiento a personas migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad autónoma. Las expulsiones serían una forma de medida sancionadora que, explican desde la organización, no tendría respaldo legal.
“Este fin de semana en Melilla ha llovido y ha hecho mucho viento, y esto agrava aún más la situación a la que están expuestas estas personas”, explica la portavoz de Solidary Wheels Alba Domínguez Pena, quien afirma que estas expulsiones, que se aplican como castigo, pueden durar desde varios días a varios meses, dejando a las personas en situación de ca, informa 'El Salto'.
En el caso de las cinco personas expulsadas anteriormente, desde Solidary Wheels señalan que cuando se notificó la sanción a los afectados, se hizo mediante una diligencia que no incluía ninguna motivación y que carecía, según esta organización, de “respaldo legal en la normativa aplicable”. Tras la notificación la expulsión se ejecutó sin dar oportunidad a los solicitantes de asilo a presentar alegaciones. Dicho de otro modo, se vieron en la calle sin más, en una situación de desamparo y vulnerabilidad. Lo mismo ha sucedido a las personas expulsadas durante la jornada de ayer. Sin otro lugar al que ir, algunos de estos solicitantes de asilo están pernoctando bajo un puente, frente al centro, explican desde la organización.
La expulsión temporal es una práctica que viene aplicándose desde hace tiempo en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, tanto en Ceuta como Melilla, denuncian desde Solidary Wheels. Una práctica punitiva, que aseveran, es permitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que genera una gran desesperación en las personas afectadas. Recuerdan en este sentido cómo, tras ser expulsado del CETI de Ceuta, un joven solicitante de asilo se suicidó en enero de 2023.
Como respuesta a estos hechos, las organizaciones de derechos humanos en la Frontera Sur, entre ellas la mencionada Solidary Wheels, cuestionan la “absoluta falta de transparencia en los mecanismos de funcionamiento del CETI”, y subrayan que este tipo de sanciones no está contemplado ni en el Reglamento que regula el sistema de acogida, ni en el manual de gestión del sistema de acogida de protección internacional.
La mencionada falta de motivación de las expulsiones, así como la negación de posibilidad a las personas afectadas de explicarse o presentar alegaciones que impidieran la sanción, son otras de las prácticas que denuncian. La falta de información sobre estos procedimientos se suman a los factores que les dejaría en una situación de desamparo.
Así, apuntan a la severidad de una sanción —la expulsión— que tiene graves consecuencias para los derechos humanos de las personas que la sufren, cuestionando que no se ponderen alternativas menos dañinas. Desde Solidary Wheels, llaman a las autoridades a corregir estas disfuncionalidades, pues generan “una absoluta inseguridad jurídica y una desprotección a las personas solicitantes de asilo”. “Estas personas no tienen ningún tipo de alternativa habitacional en la ciudad y enfrentan una situación de extrema precariedad y peligro”, recuerda Domínguez Pena, en este sentido.
