La ONG PorCausa ha denunciado que España ha firmado cerca de 700 contratos por un valor de 541 millones de euros en tecnología de fronteras, adjudicaciones que en muchos casos se han realizado sin publicidad ni concurso público, a unas pocas empresas y bajo unos pliegos opacos de los que no hay apenas información.
El informe 'Fronteras "Inteligentes", democracias negligentes', realizado junto al Centro Delàs de Estudios por la Paz y el diario Ara y presentado este lunes en Madrid, advierte del peligro de la llamada tecnología de frontera como los radares, drones, sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos biométricas y algoritmos de predicción.
Para la entidad, este sistema entraña muchos riesgos porque "privilegia la seguridad sobre la protección, el control sobre la acogida y la sospecha sobre el derecho" y en esto España ha sido "un laboratorio" para Europa, convirtiéndose en "pionera en innovación pero también en opacidad".
Según ha señalado el director de Investigaciones de Por Causa, Gonzalo Fanjul, esta frontera inteligente "no sustituye al muro físico, sino que lo hace invisible" a través de la llamada "tercera generación" del control migratorio, basada en el algoritmo y la biometría después de las primeras fases de muros físicos y de tecnificación y externalización de la frontera.
Casi 700 contratos analizados
Para elaborar el informe, la entidad ha analizado 674 contratos firmados por España entre 2018 y 2025 para la tecnología de frontera que, juntos, suman un valor de 541 millones de euros.
De ellos, el 44,1 % fueron adjudicados mediante un procedimiento negociado sin publicidad, en muchos casos bajo el argumento de urgencia o seguridad nacional.
Las empresas beneficiarias de estos acuerdos son "casi siempre las mismas": las diez principales absorben el 72,5 % del gasto y lideran el ránking la compañía española de defensa y tecnología Escribano, Telefónica y la firma aeroespacial y de defensa francesa Thales.
El grueso de los contratos van dirigidos a tecnologías de vigilancia, control fronterizo y ciberinteligencia, infraestructura tecnológica y sistemas biométricos, aunque la opacidad de estos acuerdos hace que sea difícil conocer los detalles.
El informe repasa la evolución del control fronterizo en España desde el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en 1999 y operado por la Guardia Civil, originalmente creado para luchar contra el narcotráfico pero que después se extendió a Canarias para monitorizar el mar en busca de cayucos.
También el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), operativo desde 2013, o más recientemente la frontera inteligente en Ceuta y Melilla, que incluye el reconocimiento facial y registro biométrico, un proyecto adjudicado en 2021 a consorcios liderados por Thales y Telefónica con un presupuesto de más de 4 millones de euros.
Destacan el uso por parte de la Policía del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), desarrollado por Thales, para el control migratorio en Canarias con el objetivo de comparar patrones faciales con un base de datos de 4,4 millones de fichas policiales.
El director de investigaciones periodísticas de PorCausa, José Bautista, ha señalado como otro ejemplo en la presentación que, según han sabido por la investigación, en el caso de los migrantes que llegan a Canarias en cayuco, la Policía Nacional les quita el teléfono para, usando el software israelí Cellebrite, acceder a su contenido.
PorCausa denuncia que, con este tipo de tecnologías, la responsabilidad se diluye y la frontera "se vuelve una infraestructura privada financiada con dinero público" y el ciudadano "deja de tener acceso a los criterios por los que sus derechos y aspiraciones son evaluados".
La ausencia de información pública sobre estos modelos impide conocer sus tasas de error o los criterios con que clasifican los rostros y facilita "dinámicas de racialización algorítmica".
Para paliar estos riesgos, proponen varías lineas de actuación, como imponer transparencia, garantizar el control humano en todos los procesos, establecer auditorías independientes y devolver las decisiones al ámbito político, donde estas puedan ser "discutidas, supervisadas y, si es necesario, corregidas".
