Abdeselam Mustafa fundó hace seis meses un negocio con otros tres amigos, pero nadie les contrata porque los sin papeles son más ‘económicos’.
Hace diez años trabajaban en la misma empresa de carga y descarga de mercancía. Pero este negocio cerró y encontraron otro empleo en diferentes empresas de la construcción. Luego llegó la crisis y volvieron a engrosar las listas del paro. Los cuatro amigos que protagonizan esta historia se reencontraron hace unos meses en la cola del Servicio Público de Empleo. Allí recordaron los días en los que trabajaban en la carga y descarga de mercancía. Fue en ese momento cuando pensaron que podrían volver a este trabajo montando una pequeña cooperativa. Actualmente no hay ninguna empresa que lleve este negocio. Pensaron que sería una buena idea constituir esta cooperativa (Sociedad Cooperativa Melipro) y así, crearse un empleo para poder llevar a sus hogares un sueldo digno. Pero las cosas no son tan sencillas como ellos pensaron.
Hay decenas de personas en Melilla trabajando en la descarga de los camiones que vienen de la península. Todos, afirma uno de los cuatro cooperativistas, Abdeselam Mustafa, son “ilegales” y las empresas que los contratan prefieren a esos empleados “sin papeles” que a ellos. Les sale “más barato”, explica Mustafa.
Llevan seis meses con la cooperativa en marcha y aún no les han hecho ningún encargo. Están totalmente desanimados. Estos cuatro cooperativistas creyeron ver la luz al final del túnel creando esta empresa, pero en realidad fue un espejismo. No hay forma de que los empresarios de las naves del SEPES o de otras zonas fronterizas de la ciudad les contraten, afirma. Los sin papeles son más “económicos” que contratar a estos cuatro padres de familia, les han dicho en más de una ocasión, cuando han ido a visitar a las empresas para presentar su proyecto empresarial.
Un trabajador ‘ilegal’, explica Mustafa, cobra unos 10 euros por descargar un camión de unos 24.000 kilos. Un empresario necesitaría unos siete trabajadores para hacer este trabajo de descarga en dos horas, por lo que invierte, unos 70 euros en este servicio, asevera Mustafa. En cambio, la cooperativa pide entre 120 y 130 euros por este mismo trabajo. Mustafa resalta que no puede bajar más la tarifa porque hay que pagar muchos impuestos. Se siente con las manos atadas porque no puede hacer más de lo que ya ha hecho por encontrar trabajo para su pequeño negocio.
Denuncias en la Inspección
Mustafa ha visitado la Delegación de Gobierno, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios. A todas estas instituciones ha expuesto su problema: Los trabajadores ilegales del SEPES le están ‘robando el pan’. Pero destaca que ninguna de ellas le ha dado una solución.
También estuvo en la Inspección de Trabajo en agosto, cuando observó que los empresarios que se comprometieron a contratar sus servicios acabaron por negociar la descarga de los camiones con trabajadores ‘ilegales’. En la Inspección de Trabajo le dijeron que podía presentar una denuncia de aquellas empresas que trabajan con personas sin papeles, pero nada más.
Han pasado los meses y Mustafa asegura que nada ha cambiado en el SEPES. Nadie les contrata y los empresarios de estas naves siguen contando con ‘ilegales’ a diario. Fue el pasado viernes 12 cuando decidió denunciar a cinco empresarios a los que ‘pilló con las manos en la masa’. Todos tienen su negocio en la avenida de Europa y en la calle General Astilleros. Son empresas comestibles, mantas y cerraduras. Mustafa asevera que todas tienen contratados a trabajadores ‘sin papeles’ para tener más beneficios.
En una de las denuncias que presentó esta cooperativa, Mustafa describe que las personas que estaban descargando un camión cobraron 5 euros por dicho trabajo. Además, señala que la mayoría de las veces lo que hacen los empresarios es cerrar las naves para que nadie pueda ver que hay empleados ‘ilegales’ en el interior.
Este cooperativista asegura que la denuncia en la Inspección de Trabajo no es una venganza contra los empresarios que no quieren contratar su negocio, sino que es “un derecho”. Señala que hay personas que están haciendoles la competencia de forma desleal. Exige a la Inspección de Trabajo que vaya al SEPES y compruebe que hay decenas de empleados ‘ilegales’. Mustafa estima que hay entorno a los 300. Además, apunta que todo ese dinero que se mueve por estos negocios no se queda en Melilla.
