EL mayor salto de la valla registrado en Melilla ha colocado al CETI en unos niveles de ocupación nunca vistos hasta ahora.
Sin embargo, esta situación no resulta inesperada. La niebla no permitió a los agentes que ayer vigilaban la valla ver llegar al más de medio millar de subsaharianos, pero era fácil prever desde hace semanas una situación de sobreocupación como la que ahora sufre el CETI. La presión migratoria viene aumentando de manera constante a lo largo de los últimos meses. Ninguna medida ha conseguido poner freno de momento a los continuos intentos de los inmigrantes por llegar a Melilla. No ha servido el incremento de las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil ni la “extraordinaria” cooperación marroquí ni el refuerzo de las medidas antiintrusión en la valla. En este tiempo, el máximo responsable del Ministerio del Interior ha adoptado diversas decisiones salvo la de instar a su compañera del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a condicionar las instalaciones para adaptarlas a la nueva realidad que sufre Melilla. De hecho, parece que el Ejecutivo ha descartado esta posibilidad o aún no ha llegado a plantearsela. El propio delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, señaló ayer, durante su comparecencia ante la prensa para exponer los detalles del último asalto masivo, que ésta no es la solución al problema de la inmigración. Efectivamente, la mejora y ampliación de las instalaciones no pondrá fin a los asaltos. Al contrario, puede ser un aliciente más para los inmigrantes, si es que necesitan alguna motivación extra para seguir intentando llegar a nuestra ciudad. Sin embargo, la situación que se vive actualmente en esas instalaciones es insostenible. Al menos, no se puede mantener mucho tiempo sin asumir que se está poniendo en grave peligro la seguridad de casi 2.000 personas. Para visualizar la situación que se registra en el CETI basta subrayar que ninguna otra instalación abierta a los ciudadanos, destinada a ofrecer un servicio o cuya utilidad sea la de lugar de acogida podría albergar a un número de personas casi cuatro veces mayor al de su capacidad máxima sin que intervengan automáticamente las autoridades policiales y judiciales, sobretodo cuando esta irregularidad es del conocimiento público. Si en su interior ocurriera cualquier desgracia, con independencia de si está motivada o no por la sobreocupación, es evidente que la Justicia pediría explicaciones en primer lugar al responsable de esa ilegalidad. Y probablemente lo haría con más insistencia al saber que esa situación no está motivada por un hecho imprevisible. Al contrario, era bastante probable que el CETI llegara al estado en el que hoy se encuentra si sus responsables políticos permanecían con los brazos cruzados o no se movían con la celeridad que requiere la situación.
Quizá nadie cayó en la cuenta de que ayer iba a amanecer nublado ni supo prever que esta circunstancia meteorológica podría ser aprovechada por los inmigrantes, pero la sobreocupación del CETI hasta los niveles en los que hoy se encuentra era una consecuencia lógica con sólo observar cómo se vienen desarrollando los acontecimientos en los últimos tiempos.
