UNA multa por importe de 98,2 millones de euros dejaría pálido a la mayoría de los mortales y sería una sentencia de muerte para casi cualquier empresa,
sobre todo si se impone una sanción por esa cuantía en nuestra ciudad, donde predominan pymes locales que llevan años luchando por sobrevivir en un clima de crisis, recortes, caída del consumo... Sin embargo, esa cuantía (98,2 millones de euros) sólo representa el 3% de la facturación anual del mercado afectado por las prácticas de 35 grandes compañías que han sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Algunas de las multadas soy muy conocidas en nuestra ciudad. Dos de ellas, FCC y Urbaser, forma la unión temporal de empresas que se ha adjudicado el servicio de limpieza viaria. La segunda pertenece al Grupo ACS, de la que también forma parte la empresa multiservicio Clece, conocida en Melilla por ser la adjudicataria de innumerables contratos.
Parte de esos 98,2 millones de la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia también la deberá abonar Valoriza, filial de Sacyr y que en nuestra ciudad es la adjudicataria del contrato de distribución de agua.
El ‘castigo’ a estas empresas y las restantes, 35 en total, parece desorbitado teniendo en cuenta que su ‘único delito’ ha sido repartirse las licitaciones públicas en la gestión de residuos industriales, recuperación de papel y cartón y en la actividad de saneamiento urbano. Sin embargo, mirando con perspectiva y evaluando el ‘daño’ ocasionado supuestamente a las arcas públicas, la sanción sólo parece algo simbólico. Hay que tener en cuenta que las empresas sancionadas han llevado a cabo sus presuntas prácticas irregulares desde el año 2000 hasta, al menos, 2013. Además, ese comportamiento no ha sido algo esporádico, sino continuado y se ha llevado a cabo en numerosas regiones del país, siempre según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Teniendo en cuenta esos 14 años de actividad irregular, el ámbito de actuación y que los 98,2 millones de euros de la multa sólo representan el 3% de la facturación anual del mercado afectado, la sanción pierde la apariencia de castigo. Más bien parece una pequeña reprimenda, un leve tirón de orejas y una cariñosa advertencia al estilo de ‘y que no se vuelve a repetir’.
En cualquier caso, el ‘tirón de orejas’ más grande es para ACS, representado en nuestra ciudad principalmente por Urbaser y Clece. La Comisión le impone 23,28 millones de euros de castigo. Le sigue el grupo FCC, con una multa de 16,88 millones. Y continúa Valoriza, propiedad de Sacyr, que deberá pagar 15,29 millones.
¿Qué hicieron para merecer este castigo? ¿Cómo afectaron sus prácticas a los ciudadanos? Está explicado perfectamente en la página 12 de El Faro de Melilla. Al leer esa información hay que tener en cuenta que en los últimos seis años de las supuestas actividades irregulares, España vivía los momentos más duros de la crisis. Los recortes estaban a la orden del día. Las arcas se habían quedado vacías y la Administración luchaba por conservar servicios vitales para la ciudadanía. Hubo que apretarse el cinturón y obligar a apretárselo a las familias, azotadas por el paro, la angustia y la incertidumbre. La situación de las pequeñas y medianas empresas era aún peor: El consumo no dejaba de caer y se iban adentrando en un túnel cada vez más oscuro.
En medio de esa situación generalizada de desconsuelo, dificultades y pesimismo... había empresas que se arriesgaban a ser sancionadas con un total de 98,2 millones de euros, una cifra ridícula si se coloca junto a la cuantía que cobraron durante 14 años a la Administración, una factura pagada principalmente con los impuestos de los ciudadanos y de las empresas que no hemos sido sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
