Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma, anunció ayer que hoy mismo enviará una carta al ministro Escrivá para pedirle que suspenda durante seis meses la entrada en vigor del nuevo sistema de bonificación de la Seguridad Social en Melilla. El motivo, que no está claro cómo se va a aplicar al Real Decreto que elimina la fórmula anterior del 50% de las cuotas patronales y que esa incertidumbre va a suponer un lastre para la contratación en la ciudad.
La reunión que Imbroda mantuvo ayer con los responsables de las asesorías y gestorías de Melilla dejó de manifiesto, según dijo a los periodistas, que hay muchas dudas sobre la aplicación del descuento, de cómo se liquidaría. Incluso se puso sobre la mesa que estando el Gobierno en funciones se ve difícil que puedan aprobarse los presupuestos generales del Estado a tiempo y, en consecuencia, el futuro del pago de la bonificación está en el aire.
Fueron razones de peso las que se esgrimieron en esa reunión y por eso no es descabellado que el presidente autonómico pidiera apoyo tanto al PSOE local como a la Delegación del Gobierno para que el Real Decreto no entre en vigor mañana y se prorrogue seis meses hasta saber todos los pormenores relacionados con esta cuestión.
Lo cierto es que no se tienen muchas esperanzas de que la moratoria se conceda por parte del Ministerio. Los socialistas se han enrocado en que su decisión es lo mejor para los empresarios y que además hasta le ganarán dinero con respecto a la aplicación del 50% de bonificación especial. Y en ese sentido cuentan también con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.
Curioso es que estas organizaciones sindicales se pongan del lado del Gobierno nacional en este asunto cuando ya se ha dicho por activa y pasiva que los trabajadores saldrán perdiendo. No en vano, se les detraerá de la nómina la parte de la cuota bonificada que venían percibiendo desde el año 2004 y que ronda en torno a los 80-100 euros.
Ni la Delegación del Gobierno ni el PSOE han explicado aún qué va a suceder con la nómina de los trabajadores; los sindicatos tampoco lo han hecho. La pregunta es: ¿los empleados van a perder poder adquisitivo como consecuencia de la puesta en vigor del Real Decreto aprobado en enero pasado? Esperemos una respuesta lo más rápida posible porque son miles las familias que se pueden ver afectadas en sus economías mensuales por ese motivo.
Todavía se desconoce cuál va a ser el impacto que el cambio en la bonificación tendrá sobre la economía melillense. Lo que está claro es que los empresarios lo rechazan de plano por mucho que el Gobierno insista, recalque y se reitere en que es mejor para sus intereses. Si ellos no lo ven así, por algo será.
