El presidente Imbroda aceptó la propuesta de Aberchán, pero advirtió de que se escuchará a los técnicos de la Ciudad Autónoma “y se cumplirá con la ley a rajatabla”.
El Gobierno autonómico y Coalición por Melilla (CpM) alcanzaron en el Pleno de Control de ayer un principio de acuerdo para estudiar la situación de irregularidad en la que se encuentran una veintena de empresas locales. El líder de los cepemistas, Mustafa Aberchán, señaló que las pymes afectadas se encuentran a punto de de desaparecer por haber excedido la actividad para la cual se les concedió licencia inicialmente.
El diputado de CpM recordó el caso de las hormigoneras del año 2009, a las que se les concedieron permisos temporales pese a encontrarse en suelo rural, ante la inexistencia de terreno industrial para su reubicación y defendió que la misma ley utilizada en aquel entonces se podría emplear ahora.
En palabras de Aberchán, las pymes afectadas generan al año 45 millones de euros en volumen de negocio, tributan 8,3 millones de euros en concepto de IPSI y dan empleo de manera directa a 250 personas, así como a otras tantas indirectamente.
“No le pido a su Gobierno que prevarique, sino que utilice la lógica para encontrar una solución dentro del marco legal”, aseveró el líder cepemista. “Durante años, el Ejecutivo y la oposición hemos sido cómplices de estas empresas, que han beneficiado con su producción a los melillenses. Hay que recordar que en su día contaron con todos los permisos pertinentes y que tuvieron contratos públicos muy importantes”, agregó.
En este punto, Aberchán cambió el sentido de su interpelación, la cual iba a dirigida a buscar la concesión de nuevas licencias o el cambio de uso del suelo en el que se encuentran las pymes afectadas. Así, el cepemista “simplificó” y se limitó a plantear si el Gobierno local estaría dispuesto a estudiar la situación en una comisión.
El presidente del Ejecutivo melillense, Juan José Imbroda, tomó la palabra y zanjó la cuestión de manera rápida, en apenas un par de minutos. Aceptó la propuesta de Aberchán de llevar este asunto a una Comisión de Fomento en la que participen el Gobierno, la oposición y los técnicos de la Ciudad Autónoma.
No obstante, advirtió al diputado de CpM que para regularizar estas empresas “hacen falta basamentos legales” y le conminó a aceptar lo que determinen los técnicos en comisión. “Tenemos voluntad política de abordar este asunto, no estamos por la labor de fastidiar a nadie”, aseveró Imbroda.
Aberchán aplaudió la decisión del presidente de Melilla e insistió en la importancia del volumen económico de las empresas afectadas. “No es por ser demagogo, pero con lo que tributan al año se podría crear un Plan de Empleo”, terció. Además, pidió a Imbroda que ubicara en el tiempo la reunión para debatir este asunto.
En otra rápida intervención, el máximo dirigente del Ejecutivo autonómico señaló al cepemista que “ninguno de los dos son juristas” y que la comisión estará marcada por el precepto “de cumplir la ley a rajatabla”.
“No quiero hacer juicio de valor alguno. Serán los técnicos los que definan el abanico de opciones para estas empresas”, concluyó Imbroda.
Aberchán compara la situación con la llegada del huerto solar.
Una de las preguntas de los cepemistas también hizo referencia a la situación en la que se hallan estas pymes. Aberchán comparó dicha situación con la próxima implantación de un huerto solar en la periferia “pese a la negativa del Ministerio de Defensa”, ya que parte de los terrenos son de su propiedad. El líder de CpM recalcó que la empresa que se hará cargo de esta iniciativa lleva poco tiempo en la ciudad autónoma, mientras que las 21 que están “a punto de desaparecer” han mantenido su actividad comercial durante más de una década.
El diputado popular Miguel Marín contestó que la diferencia entre un caso y otro era sencilla: La empresa del huerto solar cumple con la ley y las otras no, pues se encuentran en “terrenos inapropiados” para la actividad que desarrollan. Además, defendió a capa y espada la utilidad del huerto solar.
