Este lunes, 5 de mayo, a las 9:30 de la mañana, se ha celebrado en el Palacio Autonómico el Pleno de la Asamblea. La sesión comenzó con un emotivo y solemne minuto de silencio en memoria de las víctimas más recientes de la violencia de género. Desde el último pleno, se han producido cuatro nuevos asesinatos, elevando a once el número de mujeres asesinadas por esta causa en lo que va de año.
Se recordó a Diana Carolina, de 48 años y madre de una hija, asesinada en Palma de Gran Canaria el pasado 30 de marzo. También a Marta, de 44 años y madre de un hijo menor de edad, asesinada en Tarragona el 18 de abril. A María del Rocío, de 55 años, víctima en Huelva, y finalmente a Miriam, de 35 años, asesinada el 25 de abril. Con Miriam, el número total de víctimas mortales por violencia de género desde que se comenzó el registro oficial en 2003 asciende ya a 1.305.
En la apertura del pleno, se hizo además una mención especial, dada la coincidencia con la celebración ayer del Día de la Madre, a todas las mujeres asesinadas que eran madres, y que han dejado a hijos e hijas menores huérfanos. Se subrayó el impacto de la violencia vicaria, reconociendo el dolor de estos menores, muchas veces utilizados como instrumento por los agresores.
Tras el minuto de silencio, comenzó la sesión ordinaria, donde los diferentes grupos políticos presentaron sus preguntas al Gobierno local. Coalición por Melilla intervino con un total de 9 preguntas, el Partido Socialista presentó 5, y Vox formuló 2 cuestiones. Cabe destacar la ausencia del Grupo Somos Melilla en el pleno de hoy. El motivo fue la reciente celebración de la boda del diputado Amin Azmani, que tuvo lugar el pasado sábado. Su compañero de grupo, José Miguel Tasende, hizo pública una felicitación en nombre del grupo mixto.
Durante el turno de preguntas, el diputado no adscrito Javier Da Costa interpeló al Gobierno de la Ciudad Autónoma acerca de su posición respecto a la instalación de cámaras de videovigilancia en centros de educación infantil. En concreto, solicitó información sobre los criterios legales y técnicos que se aplicarían para garantizar la seguridad sin vulnerar los derechos de los menores.
Respondió el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, quien subrayó que la instalación de cámaras en el interior de las aulas durante el horario lectivo está sujeta a fuertes restricciones por tratarse de medidas potencialmente intrusivas en la privacidad de los menores. No obstante, destacó que el Gobierno mantiene su compromiso con la seguridad en los centros educativos, especialmente en zonas comunes y espacios exteriores, con fines disuasorios y de control frente al vandalismo.
Ronda recordó que en 2018 ya se instalaron cámaras de alta definición conectadas a sistemas de alarma en centros como el CEIP Guadalupe Ríos, como parte de una estrategia integral de protección. Asimismo, apuntó que cualquier actuación futura deberá regirse por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, atendiendo a principios de proporcionalidad, necesidad y minimización de datos, además de realizarse evaluaciones de impacto pertinentes. Actualmente, ningún centro educativo de la ciudad dispone de cámaras en aulas, aunque todos cuentan con sistemas de alarma activos.
En una segunda intervención, Da Costa preguntó por las medidas concretas que el Ejecutivo piensa adoptar para garantizar el libre tránsito peatonal, especialmente de personas con movilidad reducida, ante el deterioro del mobiliario urbano y el estacionamiento indebido de vehículos sobre aceras en determinadas barriadas.
El consejero Ronda reconoció que el estacionamiento indebido constituye un problema creciente en la ciudad, donde a fecha de 31 de diciembre se contabilizaban 69.501 vehículos, con un índice de 808 por cada 1.000 habitantes. Apeló a la responsabilidad ciudadana y al uso de los aparcamientos existentes —unos 2.000 espacios habilitados, con baja ocupación de bonos—, e informó de que se seguirán combinando campañas informativas con sanciones coercitivas para corregir estas conductas incívicas. Señaló que el número de sanciones por estacionamientos indebidos está en aumento y que es una prioridad reforzar esta labor de vigilancia para proteger el espacio público y el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.
El pleno transcurrió dentro de los cauces habituales de debate político, centrado en asuntos de gestión local, fiscalización y políticas públicas, si bien estuvo marcado por el recuerdo a las víctimas de la violencia de género, que imprimió un tono de respeto y reflexión al inicio de la jornada.
