La pena es de 2,5 años de cárcel y 4 años de inhabilitación por la muerte de una mujer de 44 años tras una operación de estética en 2007.
El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha condenado a un médico de 51 años nacido en Melilla a dos años y medio de prisión y cuatro de inhabilitación para el ejercicio médico por un delito de homicidio por imprudencia. Además, tendrá que indemnizar a la familia de la fallecida, una mujer de 44 años casada y con dos hijos, con la cantidad de 210.000 euros y un total de 90.000 euros a los padres y hermano de la víctima. De esta cantidad, se hará cargo como responsable civil subsidiaria la aseguradora contratada por la entidad propietaria del hospital donde se realizó la operación de estética reparadora a la que sometió en 2007 el cirujano a la fallecida.
El juicio se celebró el pasado mes de enero contra el facultativo, especialista en cirugía plástica y reparadora, con una trayectoria de 14 años en el que ha realizado un total de 273 intervenciones de liposucción como procedimiento quirúrgico principal, según reza en la sentencia.
En la resolución, la juez Flora Mª Luisa Sánchez Martínez considera como hechos probados que el 7 de noviembre de 2007 el médico procesado operó a la mujer de 44 años de una mamoplastia reductora bilateral y una liposucción de abdomen en una clínica privada de Málaga. La intervención se practicó tras un estudio preoperatorio consistente en una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un análisis de sangre, pero no se le realizó una ecografía abdominal, necesaria, según la juez, para “concretar el grosor de la pared del abdomen y la presencia de diástasis de recto”, una dolencia que pueden padecer las mujeres tras varios embarazos. Además, la juez refleja que en el consentimiento informado a la paciente sobre los riesgos y complicaciones de la intervención no se incluyó “el riesgo de perforación intestinal” ni siquiera se le comunicó verbalmente.
La gravedad de la negligencia del facultativo procesado no solamente se debe a que la paciente falleció, destaca la juez en su sentencia, sino también por “la cantidad y calidad de los errores y omisiones que han resultado detectados en su actuación”, pues el médico debió sospechar de que la intervención no había ido bien en la misma noche tras la operación.
El abogado defensor del médico procesado, Pedro Apalategui (el mismo letrado que defendió al jefe de Industria de la Ciudad Autónoma de Melilla, Ricardo Maldonado, en el caso conocido como ‘Fraude de la ITV’), ya ha manifestado su intención de recurrir la sentencia, mientras que los abogados de la acusación particular no descartan hacer lo mismo, ya que habína solicitado unas penas mayores a las del fiscal, que han sido las que finalmente ha impuesto la juez.
Siete operaciones más durante cinco meses
“Durante la operación, el acusado, aplicando una técnica incorrecta y apartándose frontalmente de la ‘lex artis’ aplicable, manipuló incorrectamente las cánulas de aspiración, hasta el punto de penetrar en la cavidad abdominal de la paciente con diástasis de recto de unos 3 centímetros, originando una perforación de la pared abdominal de unos dos centímetros y dos perforaciones en yeyuno (intestino delgado)”. A consecuencia de ello, se produjo una “peritonitis difusa generalizada, que a resultas de un seguimiento incorrecto postoperatorio por parte del acusado no le fue diagnosticada hasta el sexto día (tras la operación)”, cuando “una de las perforaciones en el yeyuno se le resecó y la otra le fue suturada”.
A pesar de que la paciente aquejaba de fuertes dolores y los resultados “variables” de las analíticas, el acusado “no advirtió ni sospechó nada anormal en su paciente” hasta que fue intervenida por las perforaciones intestinales “causadas en la liposucción”. El retraso en el diagnóstico desembocó en otras siete intervenciones quirúrgicas posteriores a la liposucción en las que se le extirparon varios fragmentos intestinales y que “desencadenaron en la paciente un fallo multiorgánico y arritmia ventricular maligna, falleciendo en el hospital Carlos Haya de Málaga el 1 de abril de 2008”.
