Una vivienda, dos coches y una moto fueron pastos de las llamadas hace una semana en Calvo Sotelo y, si bien el tema está bajo investigación, fuentes cercanas a la familia afectada por el incendio han asegurado que se trata de un aviso a navegantes por no haberse pagado cierta deuda contraída con unos empresarios de los favorecidos por los consejeros de CpM en la anterior legislatura. Se entiende, en ese sentido, que sería un empresario miembro de la supuesta organización criminal que dio pie a la llamada operación Santiago-Rusadir.
Fuentes oficiales de la Jefatura de la Policía Local indicaron en ese sentido que, efectivamente, incendio está bajo investigación. Preguntado el consejero Ronda sobre si hubo daños personales, se limitó a indicar que dos personas precisaron de atención médica por inhalación de humo.
Por su parte la Jefatura Superior de Policía ha manifestado oficialmente que estos funcionarios “investigan todos los incendios intencionados en la zona de su demarcación”. Además, asegura que en el caso de que se hayan producido “grandes daños”, el caso pasa a la Policía Científica para que efectúe una inspección ocular técnico-policial, cuyo informe se remite al juzgado conocedor de la causa.
En ese sentido, la Jefatura Superior advierte de que el órgano que investiga es la Brigada Provincial de Policía Judicial, si bien las fuentes oficiales se negaron a hacer públicos los avances que se han producido en esa investigación.
Fuentes del vecindario han manifestado a El Faro que la vivienda corresponde a una familia apodada los “Jackson”. Estos estarían de alguna forma relacionados con la operación Santiago-Rusadir como unos de los empresarios que se beneficiaron de los contratos menores presuntamente fraudulentos durante la etapa de Rachid Bussian al frente de la Consejería de Infraestructura, Urbanismo y Deporte.
Las mismas fuentes han señalado que el incendio pudo ser una represalia por parte de personas del este de Europa, llegadas desde Málaga a Melilla, para reclamar parte de un dinero que no habrían cobrado por cuestiones como el concierto de Morad y la organización de veladas de boxeo. Esos mismos visitantes, al parecer, ya habrían estado por la ciudad otra vez, cuando Rachid Bussian aún era consejero, para reclamar pagos directamente en la sede de la Consejería, ubicada en el Mantelete.
Incluso se habla de que los “visitantes” retuvieron al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal, entre tanto Rachid Bussian firmaba el pago de ciertas cantidades debidas a esas personas.
En ese caso las fuentes añaden que existe una relación directa entre la estancia de esas personas del este europeo en la sede pública de Infraestructura y la desaparición de la grabación de las cámaras de seguridad de ese día. Por ese motivo, el cepemista en cuestión estaría también imputado por un delito de ocultación y destrucción de pruebas, dado que el soporte técnico con las imágenes habría sido destrozado.
