Un grupo de 129 ONGs solicitó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informe en contra de la enmienda a la Ley de Extranjería introducida en la Ley de Seguridad Ciudadana para ‘legalizar’ las llamadas ‘devoluciones en caliente’ en las vallas de Melilla y Ceuta.
El CGPJ tiene que valorar la reforma legal pretendida por el Gobierno central, aunque su decisión no sea vinculante. Por ello, estas ONGs, entre las que se encuentra el Servicio Jesuita a Migrantes, solicitaron al CGPJ que detenga esta reforma y además piden una audiencia para explicar a los responsables del Consejo sus argumentos.
Estas ONGs ya entregaron el mismo documento a los grupos parlamentarios en las Cortes. Sostienen que la enmienda del Gobierno “lesiona derechos fundamentales y es incompatible con la Constitución, el Derecho comunitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos”. Además, consideran que la acción del Ejecutivo central es “un fraude a la normativa vigente sobre la iniciativa y tramitación de iniciativas legislativas, pues en modo alguno puede iniciarse la reforma de una ley orgánica a través de una enmienda”.
