Estamos a las puertas de la celebración del Día de Melilla. Es un instante para reflexionar sobre lo que ha significado el Estatuto de Autonomía en una ciudad que ha tenido, desde luego, un incremento muy importante de la colaboración con la Administración General del Estado. Por supuesto, que hablamos de un Estatuto que no era la panacea, ni tampoco lo que solicitaba la sociedad melillense a mediados de los años 90. Sin embargo, era el único camino que existía para que se pudiera acceder al autogobierno.
Visto con la perspectivas de los años, el Estatuto ha cumplido 23 y la verdad es que el análisis de los logros obtenidos permiten despejar los negros nubarrones en los que muchos pensábamos hace casi un cuarto de siglo. En primer lugar, Melilla tiene el mismo trato que las comunidades autónomas, tanto en lo relativo a su presidente como a sus consejeros. Órganos como la Conferencia de Presidencia o todos los foros de colaboración entre la Administración General del Estado cuentan con Melilla en igualdad de condiciones con el resto de las demás autonomías. Por otro lado, el Estatuto ha permitido a la Ciudad Autónoma de Melilla incrementar sus fondos procedentes del Estado al estar incluida en las distintas fuentes de financiación de las autonomía. Igualmente, ha existido la posibilidad de un acercamiento mayor a las propias fuentes del poder, como presidente del Gobierno o ministros, para explicar mejor la situación que padece la Ciudad y obtener ingentes beneficios que se han ido traduciendo en mejoras en la propia ciudad.
Por supuesto, que nos encontramos un Estatuto al que todavía le queda bastante recorrido como, por ejemplo, la escasa utilización de la fórmula de la iniciativa legislativa que el Parlamento autonómico puede presentar ante el Congreso de los Diputados. Además, con el paso de los años y el funcionamiento diario del ente autonómico se han detectado distintas singularidades que algún día deberían arreglarse para que, en definitiva, el engranaje esté aún más preparado.
También en los últimos años se han producido distintas sentencias judiciales, tanto en Melilla como en Ceuta, que han puesto en solfa por parte de los tribunales esa capacidad de autogobierno. Y bueno sería que las dos ciudades, de la mano como han ido siempre, en estos casos intenten una salida jurídica definitiva que no sea únicamente el famoso informe del Consejo de Estado que, al fin y a la postre, no deja de ser un órgano consultivo.
Y en la lejanía, el mismo presidente Imbroda ha manifestado en multitud de ocasiones que la exigencia de aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución no se ha dejado guardada en un cajón. Es una reivindicación que permanece dentro de la idea programática del Gobierno, pero que como reconoce el máximo responsable del Ejecutivo autonómico no es el momento. Desde luego, nuestro país no vive en estos instantes una efervescencia autonómica, sino todo lo contrario, donde, incluso, hay muchos españoles que se lamentan de determinadas competencias que han sido trasnsferidas a las comunidades autónomas y que piensan deberían haber quedado siempre en manos del Gobierno estatal.
