El delegado confirmó ayer la marcha de Serramar. La protesta de los trabajadores continúa en pie
La empresa mexicana GSI se hará cargo del servicio de vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a partir del 1 de junio. Así lo anunció ayer el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, tras la reunión que mantuvo con los trabajadores del centro, que llevan dos días de movilizaciones pidiendo que la actual adjudicataria del contrato, Serramar, les pague el dinero que les debe. El Barkani confirmó así la noticia que El Faro adelantó este martes, es decir, que Serramar había decidido ceder la explotación del servicio a una nueva empresa.
Antes de la reunión con El Barkani, los empleados de Serramar se concentraron en la puerta del CETI para exigir una solución. El presidente de la Federación de Servicios de la UGT, José Luis Faus, aseguró que la intención de los trabajadores es que la Administración les garantice que la nueva empresa que se hará cargo del servicio será solvente. Asimismo, también solicitaron al delegado que intente “presionar” a Serramar para que pague a los trabajadores la nómina que les debe.
Los ugetistas se mostraron satisfechos con el anuncio de que la nueva empresa llegará en menos de diez días. No obstante, recordaron que aunque la plantilla del CETI es la más numerosa, Serramar también es la adjudicataria de otros servicios públicos en nuestra ciudad, que por el momento no tiene previsto dejar. Faus recalcó que desde el sindicato seguirán peleando por estos otros empleados, que van a seguir enfrentándose a los mismos problemas que hasta ahora.
De hecho a pesar del anuncio de la llegada de GSI, el sindicato mantenía ayer la intención de seguir adelante con las concentraciones, con una movilización anunciada para este lunes, precisamente ante el CETI. En cuanto al anuncio de huelga para el próximo 30 de mayo, Faus apuntó que tras el anuncio de la llegada de la nueva empresa lo “lógico” sería que esta se suspendiera. No obstante, recalcó que serán los trabajadores los que decidirán en asamblea qué quieren hacer.
En cuanto a la capacidad de la Delegación del Gobierno de actuar, el presidente de la Federación de Servicios de UGT señaló que entiende que se trata de un conflicto laboral, pero recalcó que la Administración central tiene responsabilidad “subsidiaria” porque es la que adjudica el contrato.
Faus aseguró que en el encuentro con el delegado, éste les dijo que no puede asegurar que Serramar vaya a pagar el dinero que les debe y les indicó que “cree” que la nueva adjudicataria es una empresa solvente.
Por su parte, El Barkani se mostró comprensivo con la incertidumbre de los trabajadores. “Es normal que tengan miedo de no cobrar lo que les deben”, indicó. Asimismo, señaló que espera que con la nueva empresa no haya más problemas. Sin embargo, el delegado dejó claro que la Administración tiene unas posibilidades de actuación “limitadas” en este tipo de casos. El máximo representante del Gobierno central en nuestra ciudad explicó que cuando se adjudica un contrato, ellos comprueban que la empresa cumpla con todos los requisitos legales, pero no pueden saber lo que va a suceder una vez que se haga cargo del servicio. En cualquier caso, insistió en que espera que a partir del próximo 1 de junio no se produzcan más inconvenientes.
En cuanto al resto de los servicios que dependen de Serramar, el delegado indicó que no tiene constancia de que la empresa tenga pensado deshacerse de ellos como ha ocurrido con la vigilancia del CETI.
Por su parte, los ugetistas recalcaron que continuarán “luchando” por defender los derechos de toda la plantilla que Serramar tiene en Melilla.
