El Gobierno estudia ya cuál va a ser la fórmula elegida para la reestructuración del Ejecutivo después de acatar la sentencia del Tribunal Supremo como medida preventiva, aunque sin cerrar la puerta a la decisión final de un órgano ante el que se puede presentar recurso.
Los cambios serán profundos porque todo debe volver a reorganizarse, existiendo la posibilidad de que no se pueda contar con todas las personas que han formado parte, hasta el momento, de las viceconsejerías y repartiendo el trabajo entre las distintas áreas que obran en manos de los consejeros. Algunos han interpretado esto como un revés, y otros han lanzado las campanas al vuelo hablando de crisis de gobierno o exigiendo dimisiones, como hizo el PP, que también tuvo como miembros de su Gobierno a cargos que no eran diputados electos.
El hecho es que en los próximos días el propio presidente deberá comparecer para informar sobre la estructura de Gobierno de la Ciudad sobre la que deberá trabajar, adaptándola a una realidad que no debemos obviar: una decisión judicial que supone una clara merma en la esencia autonómica y cuestiona qué es realmente Melilla.
Porque ese el verdadero fondo de la cuestión. Durante demasiado tiempo se ha pospuesto la tarea de que Melilla y Ceuta sean reconocidas en el ámbito autonómico en igualdad de derechos que el resto de regiones del país. Un melón que nadie se atrevió a abrir y ahora padecemos las consecuencias de esta dejadez.
