Todos los grupos políticos de la Asamblea, a excepción del PSOE, están de acuerdo en manifestarse contra el nuevo sistema de bonificación de la Seguridad Social ideado por el Gobierno de Sánchez. Desde el más mayoritario como es el PP al único diputado de Somos Melilla, han decidido suscribir y presentar una moción conjunta que apoya la solicitud de una moratoria en la aplicación del Real Decreto y el fin último que no es otro que la derogación de la norma. Lo que se pretende es que la ventaja fiscal del 50% de las cuotas patronales a la Seguridad Social se quede en las mismas condiciones en que estaba desde que se aprobó en 2004.
Los socialistas se han quedado solos en la Asamblea defendiendo algo que también cuenta con la unanimidad en contra de los empresarios melillenses, que quieren la eliminación de los decretos aplicados desde el 1 de este mes de septiembre, tal como exige, asimismo, la ciudad de Ceuta en su conjunto.
Aquí en Melilla solo el PSOE y los sindicatos mayoritarios están a favor de la medida dictada por el Gobierno socialista. Un caso curioso el de las organizaciones sindicales, que en esta ciudad respaldan el nuevo sistema mientras que en Ceuta lo rechazan y se unen a la patronal pidiendo la derogación de la normativa.
No en vano, los trabajadores contratados a partir del 1 de septiembre pasado no podrán cobrar en sus nóminas la parte que les correspondería si siguiera vigente el 50% de las cuotas patronales. Ya lo advirtió recientemente el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, cuando dejó claro que no habrá reparto del ahorro de la Seguridad Social porque ni la patronal está por la labor ni tampoco lo obliga la norma, como sí ocurría en la ley de 2004 que se ha aplicado hasta ahora.
Ayer, además, la portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, manifestó que se está a la espera de conocer los datos de empleo de septiembre porque podrían ser muy significativos a la hora de calcular el impacto económico de los decretos. El presidente Imbroda, por su parte, dijo en la entrevista que concedió el jueves a El Faro que la contratación ha caído, según los primeros sondeos realizados entre las gestorías de la ciudad, encargadas de dar de alta a los nuevos trabajadores.
Por eso resulta muy interesante que partidos políticos tan dispares como el PP y CpM, por ejemplo, hayan alcanzado un acuerdo de base para dejar claro que Melilla no se rinde, que luchará por un derecho adquirido desde hace casi 20 años y que las ventajas fiscales son fundamentales para el futuro económico de la ciudad. Habrá que ver cómo explican los socialistas en el Pleno de la Asamblea que su sistema es mejor que el que había y que los requisitos que se exigen para poder tener la bonificación no son tan tremendos como denuncian los empresarios.
Hay que recordar que Alcoba llegó incluso a decir que habría dificultades para encontrar empleados que cumplan tantas normas como se imponen en el decreto para poder obtener la subvención. El líder de la patronal melillense hasta pronosticó que el empresario se echaría atrás y no pediría la bonificación por lo complicado que va a resultar. ¿Qué explicación dará el PSOE a todo eso?
