El líder ugetista, Alonso Díaz, dice que el Gobierno ceutí defiende lo mismo que los sindicatos locales y es que los empresarios repartan el incremento de las bonificaciones a la Seguridad Social.
Tanto la Unión General de Trabajadores (UGT) en Melilla como Comisiones Obreras (CCOO) coincidieron ayer en “aplaudir” la decisión anunciada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta de suspender los pagos a las empresas que no apliquen el reparto de las bonificaciones a la Seguridad Social con los trabajadores en los porcentajes que se acordaron en la ciudad caballa el pasado 4 de enero. En declaraciones a El Faro, el líder ugetista, Alonso Díaz, sostuvo que el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas defiende lo mismo que los sindicatos melillenses frente a la patronal, que no es más que las empresas en Melilla repartan las bonificaciones a la Seguridad Social adaptados a la ampliación del porcentaje vigente desde el pasado 1 de enero y a los nuevos sectores incorporados.
Por su parte, la secretaria general de CCOO, Caridad Navarro, coincidió con Díaz y recordó que estas bonificaciones se implantaron en el año 2004 con el ánimo de que tanto empresarios como trabajadores se vieran beneficiados de esta medida y no únicamente “para el enriquecimiento de los empresarios”. En declaraciones a El Faro, añadió que confía en que el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, intervenga en las conversaciones entre sindicatos y patronal melillenses, que tras tres reuniones no han conseguido llegar a un acuerdo similar al alcanzado en Ceuta.
El pasado lunes los máximos responsables de ambos sindicatos firmaron un escrito en el que solicitaban al presidente de la Ciudad su intervención al no conseguir un acuerdo con la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME). Este escrito fue entregado en el Palacio de la Asamblea el mismo lunes y aún esperan una respuesta por parte del mandatario autonómico local.
Por otra parte, ambos representantes sindicales no contemplaron la posibilidad de que la decisión tomada por el Ejecutivo de Vivas se repita en Melilla y únicamente se refirieron al caso de Ceuta para mostrar la determinación del Gobierno caballa en hacer cumplir la normativa sobre las bonificaciones a las cuotas patronales, cosa que “el Gobierno de Melilla debería hacer en la ciudad”.
Por el momento, la medida del Ejecutivo ceutí se cierne a la empresa que se encarga de la limpieza viaria de la ciudad, que se niega a aplicar el reparto de las bonificaciones en los porcentajes acordados por patronal y sindicatos el pasado 4 de enero. El Gobierno caballa suspendería los pagos a esta empresa, como primera medida de presión para que acate el acuerdo suscrito, y esta decisión se podría extender a todas las empresas con las que trabaja la Administración ceutí y que se nieguen a pagar el importe de la bonificación a sus trabajadores.
“El Gobierno ceutí defiende lo que venimos defendiendo los sindicatos en Melilla, que las medidas adoptadas de bonificación no se concibieron como una forma de mejorar la cuenta de resultados de las empresas, tal y como quiere la presidenta de la CEME en Melilla”, argumentó Díaz.
Así, el líder ugetista se ratificó en su postura y argumentación puesto que las conversaciones con la patronal no son “una negociación. Estamos para extender el acuerdo suscrito en el 2004 a los sectores que se han ampliado y adaptándolo a los nuevos porcentajes de bonificación para este año, 2013 y 2014”, argumentó.
Por último, Díaz lamentó que los empresarios “pretendan hacer caja a costa del ya esquilmado bolsillo de los trabajadores, quedándose con un dinero que no es de los empresarios sino que son de los propios trabajadores y trabajadoras”, y recordó que los argumentos esgrimidos esta semana por la patronal melillense “nos parecen fuera de lugar y fuera de sitio. Se están equivocando intencionadamente”.
En esta postura se mantiene también la responsable sindical de CCOO en Melilla, Caridad Navarro, quien subraya que el espíritu con el que se implantaron las bonificaciones a las cuotas patronales en 2004 deben mantenerse hoy día, de tal manera, que tanto empresarios como trabajadores se beneficien de las mismas, máxime en la situación de crisis económica por la que atraviesa la ciudad y el país. Ambos responsables sindicales melillenses se mantienen a la espera de una respuesta por parte del Gobierno local a la petición que realizaron esta semana al presidente de Melilla para que intervenga en las conversaciones con la patronal melillense.
El pasado viernes se produjo la tercera y la última de estas reuniones con la presidenta de la CEME, Margarita López Almendáriz, y de la que los sindicatos se levantaron de la mesa al no alcanzar un acuerdo con la patronal. Tras el fracaso de estas reuniones cumplieron su anuncio de recurrir a Imbroda para que intervenga.
Orden a las Consejerías para suspender pagos
La Consejería de Hacienda y Recursos Humanos de Ceuta emitió anteayer una circular a los departamentos de Intervención y Contratación, Consejerías y todos los organismos municipales y sociedades mercantiles de la Ciudad para que no abonen los servicios prestados por las empresas que se beneficien de la ampliación y extensión de las bonificaciones a la Seguridad Social que no apliquen el denominado plus de vinculación a los trabajadores.
De este modo, el Gobierno caballa responde a aquellas compañías que no están aplicando o que no quieran aplicar el acuerdo rubricado por la Ciudad, sindicatos y la Confederación de Empresarios de Ceuta para destinar a los trabajadores parte del beneficio (ahorro) que obtienen. Según este acuerdo, los empleados deben ver incrementado su salario base en un 0,8% por cada cinco puntos de bonificación, que actualmente se encuentra situada en el 43%, y que en 2013 será del 46% y en 2014 se situará en el 50%.
Según la circular, las facturas cuyo devengo se produzca a partir del día 1 de enero de 2012 deberán contemplar “obligatoria y expresamente la reducción de costes” derivada de la aplicación del citado acuerdo y que además deberá estar expresamente cuantificada. Para el Gobierno ceutí, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, el acuerdo entre empresarios y sindicatos “es de obligado cumplimiento y de aplicación directa ante los tribunales, dada su materia normativa como convenio colectivo”.
