El sindicato envía una misiva al Estado para que no rebajen el cinco por ciento.
La Unión General de Trabajadores de Melilla (UGT), anunció en la jornada de ayer que la Federación de Transportes del sindicato ha interpuesto ante Puertos del Estado y Autoridades Portuarias una reclamación previa a la vía judicial por lo que consideran una vulneración del derecho de negociación colectiva, al considerar improcedente el descuento del cinco por ciento efectuado a los trabajadores y trabajadoras acogidos al II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, por vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación, así como el derecho de Libertad Sindical.
Desde la UGT melillense advierten que pasados 30 días desde la presentación de dicha reclamación sin contestación por parte de Puertos del Estado, se producirá ‘silencio administrativo’ y se iniciará el trámite del Conflicto Colectivo en la Audiencia Nacional.
“Existe sobrada jurisprudencia que da la razón a la reclamación planteada por vulneración del derecho a la Negociación Colectiva y al derecho de Libertad Sindical que proclaman los artículos 28 y 37 de la Constitución Española, así lo avalan diferentes sentencias al respecto sobre Derechos Fundamentales”, agregó el secretario general de dicha Federación, Juan José Suárez.
Así pues, el sindicato está decidido a exigir la garantía de los derechos individuales y colectivos mediante Conflicto Colectivo a la sala de lo Social de la Audiencia Nacional para garantizar los derechos de los trabajadores portuarios, procediendo a la devolución del cinco por ciento de las cantidades detraídas, a los 6.000 empleados de dentro y fuera del Convenio de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.
“Nuestros servicios jurídicos nos informan de que van a proceder a la recogida de firmas personales de todos los trabajadores de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado para ejercer reclamaciones individuales, las cuales se adjuntaran para ayudar en el conflicto colectivo a interponer en la sala de lo social de la Audiencia Nacional antes del 15 de septiembre, para que la sentencia de la Audiencia Nacional pueda estar antes de finalizar este año”, concluyó Suárez.
