UGT-Melilla cree que los sindicatos han “blindado” el sistema de pensiones

El Acuerdo Social y Económico garantiza la persistencia de esas prestaciones, según Alonso Díaz. “Los sindicatos hemos blindado el Sistema Público de Pensiones”, asegura el secretario general de UGT-Melilla, Alonso Díaz, que resalta así la importancia del Acuerdo Social y Económico. En su opinión la reforma que lleva a cabo este pacto “tiene la finalidad de hacer que nuestro sistema de pensiones, público y de reparto, pueda afrontar con solvencia los retos sociales y demográficos futuros, permitiendo que las generaciones posteriores puedan percibir unas prestaciones sociales adecuadas y unas pensiones que garanticen una suficiencia de rentas acorde con el nivel de vida de cada momento”.
El máximo responsable de UGT en Melilla señala que ese acuerdo “es fruto del Pacto de Toledo y, por tanto, consecuencia del Diálogo Social, que para UGT continúa siendo la herramienta adecuada para acometer las políticas y reformas que afectan de forma sustancial a los derechos de los trabajadores de nuestro país”.
El secretario general de UGT-Melilla explica que “el acuerdo ha estado marcado por el contexto económico y social de los últimos años con un estancamiento de la actividad económica, un alto nivel de desempleo, una importante caída de la afiliación y del superávit de la Seguridad Social”. Alonso Díaz también destaca “la fuerte presión que sobre nuestra economía han ejercido las empresas de rating, que han puesto al Estado al borde del rescate, y las grandes instituciones financieras que han defendido la privatización de nuestro sistema público de pensiones como la única manera de hacerlo sostenible y viable a largo plazo”.
“Con el Acuerdo Social y Económico no sólo hemos blindado el Sistema Público de Pensiones para el futuro, sino que además hemos provocado una imagen de solvencia y seguridad del país que no han conseguido los planes de ajuste”, afirma el máximo responsable de UGT en Melilla.
Entre las medidas que contempla el pacto Alonso Díaz destaca “la mejora de los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral, el mantenimiento de la jubilación parcial o la posibilidad de adelantar la edad de jubilación de los 67 a los 65 años por cuidado de hijos, cotizando un periodo de 9 meses por hijo”.