En los últimos años, el programa de reposición de libros de texto para estudiantes en Melilla ha estado en el centro de la polémica, convirtiéndose en un tema recurrente de debate político. Aunque este programa busca beneficiar al alumnado más vulnerable al garantizar el acceso a los materiales escolares, su gestión ha levantado críticas y ha dado lugar a ajustes administrativos significativos.
Elena Fernández Treviño, directora provincial de Educación en Melilla, ha defendido en numerosas ocasiones la transparencia y legalidad del procedimiento utilizado en la adquisición de libros de texto. Según Treviño, este programa que lleva décadas implementándose funcionaba mediante un sistema de subvenciones en el que los centros educativos identificaban sus necesidades, recibían una cantidad económica de la Consejería de Educación y adquirían los libros en base a esos recursos.
Sin embargo, una denuncia pública presentada en 2021 por la formación política Podemos Melilla puso en cuestión el procedimiento, al señalar que, en algunos casos, los importes superaban los límites establecidos para los contratos menores, fijados en 15.000 euros. Según Podemos, esta situación podría comprometer a los directores de los centros educativos, quienes, en su afán de actuar con mayor transparencia, solían solicitar presupuestos a varias librerías antes de realizar la adjudicación.
Fernández Treviño ha explicado este martes 23 de enero, en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, que la decisión de dividir las adquisiciones en lotes, permitiendo así que pequeñas librerías locales participaran en el proceso, no solo era legal, sino que también buscaba proteger el tejido económico de la ciudad frente a grandes empresas que podrían monopolizar los contratos. La directora ha aclarado además que no existían informes negativos ni del Tribunal de Cuentas ni de la Intervención General del Estado que cuestionaran el sistema empleado hasta ese momento.
No obstante, tras la denuncia y para garantizar que ningún procedimiento comprometiera a los directores de los centros educativos, la Consejería optó por modificar el sistema en 2021. Se pasó de un modelo basado en subvenciones a otro gestionado directamente por la administración mediante un contrato mayor, dividido en lotes. “Esto se hizo para mejorar el procedimiento administrativo y evitar cualquier posible problema futuro, siempre dentro del marco legal”, señaló Treviño, quien enfatizó que su actuación siempre ha sido transparente.
A pesar de los ajustes en el procedimiento, la gestión del programa no ha estado exenta de problemas. En octubre de 2024, Fernández Treviño denunció públicamente la falta de libros de texto para más de 2.000 estudiantes en Melilla, una situación que calificó de “nefasta gestión” por parte de la Consejería de Educación del Gobierno local. Según Treviño, el retraso en la reposición de libros obligó a los centros educativos a recurrir a fotocopias como solución temporal, lo que generó malestar entre las familias afectadas.
Por su parte, el actual consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, defendió el sistema de reposición de libros, destacando que se trataba de un modelo “contrastado y eficaz” que había enfrentado “causas extraordinarias y sobrevenidas”, como el colapso de la mesa de contratación durante los meses de verano. Además, pidió a la oposición que adoptara una actitud más constructiva ante los desafíos del programa.
El programa de reposición de libros se ha convertido en un tema recurrente en la política local de Melilla. Las acusaciones de irregularidades y los retrasos en la entrega de los libros han sido utilizados como armas arrojadizas entre partidos políticos, alimentando un clima de crispación. En este contexto, Treviño ha lamentado lo que considera una instrumentalización del asunto, señalando que “hay quienes se retroalimentan de odios intestinos”.
Asimismo, recordó que el sistema empleado hasta 2021 no solo fue heredado de gestiones anteriores, sino que tampoco había generado problemas legales durante más de dos décadas. En ese sentido, sugirió que, en lugar de buscar culpables, se debería poner el foco en mejorar los procesos administrativos en beneficio de los estudiantes.
El debate sobre la reposición de libros de texto en Melilla refleja un problema más amplio: la complejidad de gestionar recursos públicos de manera eficiente y transparente en un entorno político polarizado. Si bien el cambio a un modelo de contratación mayor puede ser un paso hacia una mayor seguridad administrativa, los retrasos en su implementación demuestran que aún hay margen para la mejora.
El programa, que tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes más vulnerables, no debería quedar atrapado en el fuego cruzado político. En última instancia, la prioridad debe ser el bienestar de los escolares, asegurando que reciban los materiales que necesitan para su desarrollo educativo sin demoras ni polémicas innecesarias.
