Tres décadas hablándose de controlar la inmigración

A comienzos de la década de 1990, Melilla empezó a recibir a los primeros inmigrantes irregulares que llegaban a la ciudad sin esfuerzo alguno porque ni existía la valla ni nada parecido que les pusiera algún impedimento para acceder a territorio español. Llegaban a cientos con el vista puesta en la posibilidad de viajar a la península y encontrar la forma de salir adelante fuera de unos países que, en muchas ocasiones, estaban en guerra. Eran universitarios represaliados, miembros de la oposición política, personas cuya vida estaba en peligro si permanecían en su tierra.

Aquellos cientos de migrantes no tenían nada ni a nadie que les ayudara. Cruz Roja se hacía cargo como podía de alimentarlos y darles agua, pero poco más podía hacer por ello. Vivían entre chatarras en lo que ahora es el Parque Forestal o incluso en el antiguo edificio del hospital de la Cruz Roja, declarado en ruina.

Empezaba para España un fenómeno completamente nuevo y que, como afectaba prácticamente a Melilla en exclusiva, no merecía demasiada repercusión ni en la prensa ni entre los dirigentes nacionales de los partidos. Sólo cuando Aznar llegó a la Presidencia, algo se hizo, por ejemplo, el CETI. La idea era acogerlos y que tuvieran las mejores condiciones de vida posibles. Por grupos salían de vez en cuando a la península y fue entonces cuando se empezó a hablar de la necesidad de que se regulara la inmigración para acompasarla al mercado laboral.

Fue la tesis que mantuvo el Partido Popular durante años, mientras ya no eran cientos sino miles los migrantes que anualmente llegaban a España. Y ya no solo usaban la ciudad de Melilla, sino que entraban desde Ceuta y aparecieron las pateras, esas que salían de las costas marroquíes para alcanzar las playas de Cádiz, las más cercanas al otro lado del Estrecho.

Poco a poco y sin que los gobernantes españoles hicieran prácticamente nada por dar una solución al problema, el fenómeno de la inmigración empezó a ser un quebradero de cabeza. Ya no solo entraban en nuestro país personas que huían de la guerra o de una muerte segura por represión política sino que venían en busca de una oportunidad de vida. Escapaban del hambre y eran punta de lanza para conseguir dinero con el que mantener a sus familias en sus países. De hecho, los migrantes en un elevadísimo porcentaje son jóvenes y hombres.

Pero la cuestión es que aparecieron decenas de Ongs para hacerse cargo de los migrantes y tras esta situación llegaron los menores extranjeros no acompañados, conocidos como Menas, fundamentalmente procedentes de Marruecos y crearon una forma nueva de inmigración por cuanto que, al no tener la mayoría de edad, España estaba obligada a acogerlos y atender sus necesidades. Melilla fue una de las localidades más afectadas con el inicio de ese tipo de migración, ya en el siglo XXI, con cientos de jóvenes que desbordaban las capacidades materiales y económicas de la Ciudad Autónoma.

Ahora el problema ya ha alcanzado unas proporciones enormes. Cada día llegan decenas de cayucos a Canarias, Ceuta tiene un goteo constante de entradas irregulares, las playas del sur de España reciben toda clase de pateras y éstas incluso llegan hasta las Islas Baleares. Los canarios están al borde del colapso y los ceutíes atienden a 400 Menas,  y no pueden más.

Después de treinta años hablando de la necesidad de ordenar el flujo migratorio, de acompasarlo a las necesidades laborales, los políticos en Madrid siguen siendo incapaces de encontrar medidas que palíen esta situación, que ya se ha ido de las manos. Ahora el PP presenta una batería de medidas en el Congreso que, con toda seguridad, no saldrán adelante pero al menos tiene la eventualidad de abrir un debate que debió mantenerse hace ya muchísimo tiempo.