UGT lamenta que con el cambio de permiso de cada cinco años a anual, el gasto aumenta hasta en 500 €
Un grupo de trabajadores transfronterizos se concentra hoy, a partir de las 10:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno para exigir a la Administración “el fin de la discriminación laboral”. Según un comunicado remitido ayer por la Unión General de Trabajadores (UGT) a estas personas que cruzan la frontera desde Marruecos para desempeñar un puesto de empleo en Melilla “se les exigen las mismas obligaciones que los españoles”, pero “sufren una gran desigualdad en cuanto a los derechos”.
“La asistencia sanitaria sólo es efectiva hasta tres meses después de caducar el permiso de trabajo y no es extensiva al resto de sus cónyuges o hijos”, se queja el sindicato, que también critica que los permisos se tengan que renovar de forma anual y no cada cinco año, como ocurría hasta 2013.
Esta situación supone, según UGT, “un gasto medio de más de 500 euros por renovación entre reconocimientos médicos, tasas, etc.”. “La Administración tarda entre 6 y 7 meses en otorgar los permisos de trabajo, quedándose desprotegidos” en el tiempo entre una autorización y la siguiente.
