Trabajadores y trabajadoras de la Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal se concentraron durante la mañana de este lunes a las puertas del edificio en el que desempeñan su labor, situado en la calle Carlos Ramírez de Arellano, para denunciar las condiciones de insalubridad del inmueble. La plantilla decidió salir a la vía pública con el objetivo de visibilizar una situación que, según explicaron durante el acto, llevan años trasladando a los responsables de la administración sin que hasta ahora se haya materializado una solución.
Durante la concentración intervino Marta Uría, educadora social de la Dirección General del Menor y la Familia, quien explicó que el estado del edificio ha sido motivo de preocupación durante años entre quienes trabajan en estas dependencias. Según indicó, trabajadores y trabajadoras han remitido diferentes informes a lo largo del tiempo tanto a directores como a los distintos consejeros que han estado al frente del área. “Nos reivindicamos aquí después de mucho tiempo, de muchos informes que hemos hecho, tanto a los directores como a los diferentes consejeros que han pasado, por la situación de insalubridad del edificio”, manifestó.
Entre los problemas señalados por la trabajadora se encuentran los malos olores procedentes de las cañerías, la presencia de moho en paredes y techos y el deterioro de distintas zonas del inmueble, circunstancias que, según explicó, forman parte de la realidad cotidiana en el centro de trabajo. En este sentido, hizo referencia a la intensidad de los olores que se perciben durante la jornada laboral. “Salimos de aquí con un olor como a metálico en la boca de los olores tan fuertes que hay”, señaló.
Según relató Uría, la situación del edificio no es reciente. De acuerdo con los informes técnicos existentes, el inmueble debía haber sido clausurado en el año 2022, aunque en la actualidad continúa albergando los servicios de la consejería. “En el 2022 tenía que estar ya clausurado, nos tendríamos que haber ido de aquí o haberlo reformado o lo que sea; y seguimos aquí”, afirmó.
La educadora social explicó que esta circunstancia genera preocupación entre quienes trabajan en el edificio, ya que consideran que las condiciones actuales podrían tener consecuencias para la salud de la plantilla. “Lo que queremos es que se dé respuesta a este malestar que hay a nivel general desde hace tantos años y que realmente creemos que es un riesgo para nuestra salud”, indicó.
Ante la falta de avances en este tiempo, los trabajadores y trabajadoras decidieron trasladar públicamente su situación mediante la concentración celebrada este lunes. “Finalmente hemos tenido que decidir salir a que se nos escuche”, añadió.
Durante su intervención también mencionó la inquietud existente en la plantilla en relación con la seguridad del inmueble. En este sentido, señaló que el estado de algunas infraestructuras del edificio genera preocupación ante la posibilidad de que se produzca una emergencia. “Hay también un riesgo de incendio”, afirmó.
Uría explicó asimismo que en distintas ocasiones técnicos han acudido a inspeccionar las instalaciones para evaluar su estado. Sin embargo, según indicó, las soluciones planteadas hasta el momento no se han concretado en actuaciones que permitan resolver la situación. “Siempre nos dicen que nos vamos a ir y no nos vamos”, señaló.
La educadora señaló que la administración les ha comunicado que está buscando otros espacios para trasladar los servicios, aunque todavía no se ha encontrado un lugar que permita reubicar a todo el personal. Ante esta situación, los trabajadores plantean la posibilidad de trasladar temporalmente las dos direcciones generales que cohabitan en el actual edificio a distintas dependencias hasta que se encuentre una solución definitiva. Sin embargo, aseguran que esa respuesta aún no se ha concretado.
En estas dependencias trabajan alrededor de 60 personas, según explicó la educadora social, a las que se suma la presencia habitual de ciudadanos que acuden a la consejería para realizar gestiones o solicitar atención en los distintos servicios que se prestan desde el área de Políticas Sociales.
La concentración celebrada este lunes pretende, según indicaron durante el acto, trasladar el malestar existente entre la plantilla y reclamar una respuesta por parte de la administración a una situación que, aseguran, se prolonga desde hace años. Con esta acción, trabajadores y trabajadoras buscan que se adopten medidas que permitan garantizar unas condiciones adecuadas en el lugar donde desarrollan su labor diaria. "Seguiremos con la reivindicación hasta que realmente nos den respuesta", indicó.
Además, según señalaron durante la protesta, no descartan dar continuidad a las movilizaciones si la situación no se resuelve. La plantilla estudia mantener acciones reivindicativas en las próximas semanas con el objetivo de que las administraciones competentes den una respuesta a las demandas planteadas y adopten medidas que permitan solucionar los problemas de insalubridad bajo los que tienen que trabajar los profesionales.
