El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la convocatoria de una reunión con todos los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas con el objetivo de coordinar la derivación de menores migrantes no acompañados desde territorios con alta presión migratoria, como Canarias, Ceuta y Melilla, hacia la península. El encuentro se celebrará antes del inicio de las vacaciones estivales y busca aplicar de manera efectiva el nuevo artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente reformada.
La medida responde a la saturación de los recursos de acogida en estas zonas fronterizas, que han experimentado un incremento notable en la llegada de menores no acompañados procedentes de África. Según explicó el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el objetivo de la reforma es que ninguna comunidad autónoma afronte en solitario las consecuencias del fenómeno migratorio.
Pestana destacó que “todo el esfuerzo de los ministerios está centrado” en la aplicación de este nuevo marco legal, que permite activar un mecanismo automático para repartir la responsabilidad entre todas las regiones. En sus palabras, esta iniciativa “articula un sistema más justo y equitativo” que reconoce la presión específica que sufren las zonas frontera y promueve una solidaridad entre territorios.
El Gobierno central prevé que esta redistribución permita aliviar la situación de emergencia humanitaria en las regiones más tensionadas. Asimismo, se está dialogando con el Gobierno de Canarias para garantizar que las instalaciones a las que se trasladen los menores cumplan con los estándares adecuados de acogida y protección.
Sin embargo, desde la Ciudad Autónoma de Melilla se han alzado voces críticas contra esta reforma. La consejera de Salud Pública, Randa Mohamed, ha reiterado el rechazo de su Gobierno al real decreto que regula este reparto. En declaraciones recogidas por El Faro de Melilla, denunció la ausencia de diálogo con las comunidades y ciudades autónomas durante la elaboración del texto legal.
“Seguimos mostrando nuestro rechazo absoluto a un real decreto que desde nuestro punto de vista puede llegar a ser inconstitucional y que sabemos que no se ha contado con la opinión de ninguna comunidad ni ciudad autónoma”, afirmó Mohamed, quien insistió en que el documento ignora la situación concreta de Melilla y no respeta sus particularidades como territorio fronterizo.
La consejera también lamentó la falta de información clara sobre cuántos menores serían derivados a Melilla ni en qué condiciones. “Hasta el día de hoy no tenemos una cifra exacta de cuántos menores podemos llegar a recibir”, declaró, subrayando que la incertidumbre está generando malestar institucional.
Otro de los puntos de fricción es la financiación. Desde Melilla reclaman que cualquier política de redistribución debe venir acompañada de los recursos económicos necesarios para garantizar una acogida digna y sostenible. “Entendemos que se puede pedir solidaridad a las comunidades, pero como Ministerio se tienen que poner las soluciones adecuadas, la financiación adecuada”, remarcó la titular de Salud Pública.
El delegado del Gobierno en Canarias reconoció que la implementación completa del nuevo sistema llevará tiempo, ya que implica una labor de coordinación entre el Estado y las comunidades que mantienen la tutela de los menores. No obstante, confió en que este verano se puedan resolver muchos de los desafíos pendientes.
La reforma de la Ley de Extranjería, impulsada para corregir los desequilibrios territoriales en la atención a menores migrantes, busca establecer un nuevo marco de solidaridad entre comunidades. Sin embargo, la oposición frontal de Melilla y la exigencia de condiciones claras y financiación adecuada amenazan con complicar la puesta en marcha de una medida que el Ejecutivo considera urgente.
