Tasende pregunta si el Gobierno de Melilla está involucrado en la trata de menores

El presidente de la Gestora de Vox Melilla José Miguel Tasende volvió a cuestionarse este miércoles si el Gobierno de la ciudad se ha convertido "en un eslabón más de la cadena mafiosa de la trata de menores".

"Cuando creíamos que las mafias de tráfico de personas actuaban desde el exterior y que los menores donde mejor están es con sus familias", "viene la consejera del Menor y Familia (Cecilia González) y nos aclara que los menas son un lucrativo negocio del que viven muchas familias de Melilla directa e indirectamente", dice el líder de Vox. De ahí que los menores no acompañados han resultado ser "el nuevo nicho de mercado de la ciudad".

A tenor con lo que resalta la formación local, según la consejera del Menor y Familia, "también los comercios se benefician de la presencia de estos chicos que Marruecos se niega a repatriar para devolverlos a sus padres", por lo que González tiene una visión "más económica y comercial" que familiar de los menores.

Para Tasende, la consejera los ve desde una perspectiva empresarial, como "una oportunidad de enriquecimiento para los comerciantes y ciertos trabajadores de Melilla", es decir, "un nicho de negocio". Por ende, se pregunta si "¿existe la empresa pública llamada Menas S.A.?".

Desde el punto de vista de Vox, el Gobierno español tendrá que poner de manifiesto ante la Asamblea de las Naciones Unidas la "postura inhumana de Marruecos", de seguir negándose a recibir a sus menores para reintegrarlos a sus familias. En palabras de Tasende, ambos países han firmado la Carta de los Derechos Humanos, "al parecer para incumplirla en sus más elementales principios".

El partido local sostiene que, si con todos los inmigrantes ilegales la primera medida es devolverlos a su origen, con mayor razón debe hacerse con los menores, que necesitan a sus familias para desarrollarse humana y afectivamente.

En ese sentido, Vox Melilla llama a imaginar "lo que haríamos si fuese al revés", "si algunos de nuestros hijos hubieran cruzado la frontera sin permiso y una vez en Marruecos el Gobierno español no les permitiese volver y, además, Marruecos declarase que no devolvía a los niños", o si fueran vistos como "un negocio".