Tasende insta al PP a recurrir el reparto estatal de menas aprobado por el Congreso

El presidente de Vox Melilla y portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, José Miguel Tasende, ha reclamado este viernes al Gobierno local, presidido por Juan José Imbroda (PP), que impulse un recurso formal contra el decreto convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados que regula el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) entre las comunidades autónomas.

Tasende ha defendido que Melilla no puede aceptar ningún tipo de asignación adicional de menores, debido a las “circunstancias excepcionales” que atraviesa la ciudad en esta materia. “Es una irresponsabilidad traer más menores desde Canarias cuando el nuevo contrato de seguridad en La Purísima prevé recortar el número de vigilantes. Lo que tenemos que hacer es reducir a cero el número de menas, no incrementarlo”, ha señalado con contundencia.

En los últimos meses, el centro de acogida de La Purísima ha estado en el foco por varios incidentes de gravedad. Tasende ha recordado que en los últimos cinco meses se han producido “tres sucesos especialmente graves”: un apuñalamiento, la quema de colchones y un motín que terminó con 19 trabajadores agredidos. Este último, ocurrido el pasado 28 de marzo, estuvo motivado por la exigencia de los internos de recibir una paga extra de 10 euros por el fin del Ramadán. “Seguimos sin saber quién dio la orden del pago y con qué criterios”, ha denunciado.

El dirigente de Vox en la ciudad ha criticado también la “falta de transparencia” en las cifras oficiales. “No sabemos si hay 84 menas en La Purísima, como dicen los sindicatos, o 160, como sostiene el propio Imbroda. Lo que sí sabemos es que la atención a estos menores cuesta 60.000 euros al año por cada uno”, ha subrayado. Según sus cálculos, esto equivale a un coste mensual de 5.000 euros por menor, una cifra que el presidente local del partido considera “inasumible” para una ciudad con un déficit reconocido de 120 millones de euros en este ámbito.

La propuesta del Gobierno central, según ha indicado Tasende, se basa en criterios de población, nivel de acogida previo y situación de emergencia, lo que podría perjudicar especialmente a Melilla. “Los primeros borradores del decreto indican que recibiremos más menores que Cataluña. Eso es completamente inaceptable y es una razón más que suficiente para recurrir esta norma ante los tribunales”, ha afirmado.

Además, ha denunciado el “incumplimiento flagrante” del acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 2007 para la devolución de menores no acompañados, vigente desde 2012. “Estamos en 2025 y seguimos recibiendo a la mayoría de los menores procedentes del país vecino sin que se activen los mecanismos para devolverlos a sus familias. Alguien tiene que dar explicaciones”, ha exigido.

La postura de Vox se suma a la que días atrás expresó el Partido Popular. En una reciente intervención recogida por El Faro de Melilla, los populares exigieron a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que se ponga “del lado de los melillenses” y se oponga a un reparto que consideran injusto para la ciudad. En ese comunicado, el PP también rechazaba que el Gobierno central imponga a Melilla una carga adicional sin reforzar previamente los medios ni garantizar un trato equitativo en la distribución de menores.

“Cruzarse de brazos no va a solucionar el problema. Lo va a hacer más grande. Hay argumentos jurídicos y políticos suficientes para plantar cara. Tenemos que defender nuestros derechos como ciudad fronteriza, que ya soporta una presión migratoria inasumible”, ha concluido Tasende. A su juicio, tanto el Ejecutivo central como la Delegación del Gobierno en Melilla están ignorando una realidad insostenible para los servicios sociales, las fuerzas de seguridad y la población local, que reclama soluciones eficaces, firmes y responsables.