El líder de Vox en Melilla, José Miguel Tasende, ha registrado este viernes una nueva solicitud de información en la Asamblea para que el Gobierno local aclare cómo se gestionó el pago de 10 euros a los menores no acompañados (menas) después del motín ocurrido en el centro de acogida de La Purísima el pasado viernes 28 de marzo.
En su solicitud, Tasende ha expresado su preocupación por la falta de explicaciones sobre el proceso administrativo que permitió el pago de este dinero, realizado el sábado 29 de marzo, un día no hábil para trámites administrativos. Según el líder de Vox, este pago resulta especialmente problemático porque la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, máxima responsable del centro, había declarado previamente que no era posible entregar dinero en efectivo a los menas debido a que la empresa pública Tragsa, encargada de gestionar La Purísima, no tiene autorización para manejar dinero en metálico.
“Es difícil de entender que, a pesar de esta situación, se haya abonado el dinero sin que se explique cómo se ha tramitado. Un día no hábil y sin la debida transparencia. Es un asunto que requiere una explicación clara”, señaló Tasende en su intervención. Además, cuestionó la actitud de la consejera, que ha culpado a los técnicos de su departamento por los incidentes ocurridos en el centro, a pesar de que ella misma tiene la última palabra en la toma de decisiones.
Tasende destacó que la consejera debe asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido, ya que la gestión de los centros y la seguridad de los trabajadores y los menores son competencias del Gobierno local. “Cuando las cosas salen bien, el mérito es del político, pero cuando surgen problemas, la culpa siempre se le echa a los funcionarios. Esta actitud no es aceptable”, añadió el presidente provincial de Vox.
Este incidente se suma a una serie de hechos de violencia en el centro de La Purísima, que ha sido escenario de varios disturbios en los últimos meses. En noviembre de 2024, se registró un incidente en el que se quemaron colchones dentro del centro. Pocos días después, el Gobierno de Melilla anunció un proyecto de rehabilitación del edificio. Más tarde, el 30 de diciembre, un trabajador del centro fue apuñalado, y ahora, tras el motín del 28 de marzo, 19 empleados fueron amenazados con armas blancas y algunos resultaron heridos por el lanzamiento de piedras por parte de los menas.
A pesar de la gravedad de estos incidentes, el Gobierno local ha optado por abrir una investigación, pero Tasende considera que esto no será suficiente para abordar los problemas de fondo. “La investigación no va a llevar a ninguna parte, todos sabemos que solo buscan que el tema se olvide. Mientras tanto, seguimos premiando a los menas con dinero por protagonizar motines”, afirmó el líder de Vox.
En su solicitud, Tasende también ha pedido información sobre el número total de menas acogidos en el centro, su edad promedio, los costos de las pruebas para determinar su edad, así como los gastos asociados al traslado de algunos menores a centros de reforma en la península. Además, ha solicitado una visita al centro para poder comprobar la situación de primera mano.
Para Tasende, lo ocurrido en La Purísima no es solo un incidente aislado, sino una muestra de la falta de control y de gestión por parte del Gobierno local en lo que respecta a la acogida de menores no acompañados. El líder de Vox considera que el modelo de acogida actual es insostenible y pone en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores como de la sociedad melillense.
En este sentido, Tasende subrayó que Melilla no debe seguir aceptando más menas debido a la falta de recursos y la incapacidad para controlar a los ya existentes. “¿Cómo vamos a atender a 34 menas más procedentes de Canarias si no somos capaces de gestionar a los 80 que tenemos?”, se preguntó.
La polémica generada por este pago de 10 euros y el posterior motín de los menores en el centro de La Purísima ha puesto en evidencia la creciente tensión en torno a la gestión de los menas en Melilla y la falta de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades locales.
