Vino y se fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el jueves. El próximo martes, vendrá Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, previa visita un día antes a la ciudad hermana de Ceuta.
Cuando llegue a Melilla el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aún continuarán en el aire las preguntas que su compañero en el Ejecutivo dejó sin respuesta y las que no tuvieron ocasión de ser formuladas. Además se encontrará con otras nuevas cuestiones planteadas expresamente para que sean contestadas por él. Si tienen posibilidad de cruzar unas palabras con el ministro, es muy probable que los ocho guardias civiles que declararán como imputados dentro de doce días le planteen un ‘y ahora qué’. La legalidad que ve Fernández Díaz en las actuaciones de los agentes de la Benemérita en la valla también deberá verla el juez el próximo 26 de marzo. Si no es así, la carrera profesional de estos miembros de la Guardia Civil estaría en el aire. ¿Qué responsabilidad está dispuesto a asumir el ministro si eso ocurre? ¿Qué cobertura laboral ofrece el Ejecutivo a estos agentes si finalmente son juzgados y reciben una sentencia condenatoria? ¿Les servirá de parapeto la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno se dispone a sacar adelante en solitario o haría falta el protocolo de actuación en la valla que antes se daba por hecho y que ahora resulta que es compromiso imposible de incluir en esa ley orgánica?
Son muchas preguntas que probablemente quedarán sin respuesta. Incluso cabe la posibilidad de que los periodistas ni si quiera puedan llegar a formularlas al ministro. Mientras tanto, ante la falta de respuestas convincentes, tanto el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han optado por adoptar una actitud de desconfianza. El primero habla de que están en peligro “garantías que la comunidad internacional ha trabajado muy duro para conseguir establecer desde la Segunda Guerra Mundial”. Por su parte, Acnur, menos propensa a las referencias históricas, exige directamente “la suspensión inmediata de las devoluciones automáticas”. Además, tal vez para dar más fuerza a esa ‘exigencia’, la Oficina de Acnur en nuestro país anuncia que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en change.org para “demostrar que España está comprometida con el derecho del asilo y que juntos podemos fortalecer esta institución para que aquéllos que necesitan protección la reciban hoy y mañana”.
Por su parte, la demostración que SOS Racismo exige al ministro tiene relación con sus convicciones personales. Esta ONG reprocha a Fernández Díaz su oposición a reforzar Frontex porque ello pueda suponer un “efecto llamada” para los inmigrantes. Este frío e implacable pragmatismo del ministro es, en opinión de SOS Racismo, una contracción dentro de un partido como el PP, que tiene uno de sus referentes en la defensa del derecho a la vida.
No faltarán cuestiones que plantear al ministro del Interior en su visita a Melilla, otra cosa es que Fernández Díaz se esconda entre las ramas, que es por donde se fue su compañero Rafael Catalá antes de subirse al avión para poner fin a su ‘visita fantasma’, quizá la de menor contenido político que se recuerda. Veremos si el ministro del Interior supera esa vacuidad el próximo martes.
