El Juzgado de lo Social ha decidido suspender el juicio de los planes de empleo hasta el próximo día 30, según ha manifestado CGT, sindicato autor de la impugnación del convenio colectivo de la Ciudad Autónoma que establece un "trato discriminatorio" para esos trabajadores con respecto a los empleados públicos. El acuerdo se adoptó en 2012 con el apoyo de UGT, CCOO y CSIF en lo que la CGT llama "el pacto de la vergüenza".
El motivo de la suspensión es que el representante de CCOO ha alegado "indefensión por supuestamente no entender la demanda". Ello, en opinión de la CGT, no pasa de ser un "nuevo acto racista, xenófobo y misógino contra las personas afectadas", dado que la mayoría de ellas "son mujeres de confesión musulmanas".
A la vista de la situación, el magistro optó por retrasar la celebración del juicio para el 30 de este mismo mes de abril y como forma de "garantizar la seguridad jurídica". En ese sentido, ha concedido un plazo de cuatro días a la CGT para que realice la aclaración y que CCOO "no pueda seguir poniendo palos en las ruedas". Lo que este sindicato pretende es que "se condene a quienes son padres y madres naturales del acuerdo de 2012 que modifica el convenio y discriminan a las personas según el tipo de contrato, sexo, origen étnico o religión por haber sido seleccionadas para trabajar en los planes de empleo de la ciudad".
La CGT ya ha adelantado que cumplirá el requerimiento judicial y estará de nuevo en sala el 30 de abril "exigiendo justicia para este amplio colectivo desfavorecido por capricho de la ciudad y sus sindicatos palmeros".
Delegación del Gobierno
Por otra parte, se han celebrado los primeros juicios individuales de los planes de empleo de la Delegación del Gobierno de Melilla en los que el único sindicato que participaba era CGT como defensor de las personas trabajadoras afectadas, quedando vistos para sentencia.
Solo se han celebrado dos de los tres juicios previstos contra Delegación del Gobierno, uno por vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, y el otro por las diferencias salariales derivadas del trato desigual a las personas miembros de los planes de empleo.
El abogado del Estado, en defensa de la Delegación del Gobierno, ha alegado buena fe en los contratos realizados para los planes de empleo y ser conocedor de la jurisprudencia condenatoria a otras administraciones por idénticos abusos, solicitando sentencia que minimice las indemnizaciones por la vulneración de los derechos fundamentales en el juicio de tutela de derechos fundamentales y que no se aplique el recargo del 10% por mora en las demandas por reclamaciones de diferencias de cantidad.
Se da la circunstancia de que el magistrado, al amparo de la reciente modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el pasado 20 de marzo, ha manifestado que las sentencias que emanen de estos dos juicios serán consideradas “pleito testigo” y serán idénticas al resto de procedimientos judiciales abiertos por las mismas causas sin necesidad de celebrar nuevas vistas judiciales, quedando suspendidos el resto de procedimientos hasta la firmeza de las dos sentencias que emanen de los juicios celebrados.
"CGT muestra su satisfacción por el avance producido para que por fin se haga justicia, pese a que les pese a algunas organizaciones sindicales", concluye.
