El Sindicato Unificado de Policía cree que busca privatizar la seguridad pública y critica la falta de formación de los vigilantes. Al Sindicato Unificado de Policía (SUP) no le convence el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado esta semana por el Gobierno con los votos del PP, PNV y CiU. “De momento no nos gusta”, señaló ayer a El Faro Jesús Ruiz Barranco, portavoz del SUP.
La pega principal que le pone a la nueva ley que permitirá que los vigilantes puedan practicar detenciones en las inmediaciones de los lugares que estén custodiando o prestar servicio en zonas comerciales y peatonales aledañas a éstas es que el cambio esconda una privatización de la seguridad pública.
“Esta ley es un paso que se está dando para privatizar la seguridad que debería ser pública e integrando a Policía Nacional y Guardia Civil”, apunta Barranco.
El representante del SUP en la ciudad considera además que la nueva norma le confiere “un poder especial” a los vigilantes, que se convierten en agentes de la autoridad. Eso quiere decir que si un ciudadano les agrede, tendrán el mismo tratamiento, ante la justicia que tienen los policías y guardias civiles.
En todo esto, Barranco cree que hay un gran problema y es, en su opinión, “la falta de formación” de los vigilantes de seguridad. “Los policías pasamos dos años en una academia y luego nos enfrentamos a oposiciones ”, recalca.
El portavoz del SUP en Melilla también ha destacado que a los guardias de seguridad se les permitirá actuar no sólo en la zona comercial donde trabajan, sino también en los alrededores, algo que para Barranco es una “extralimitación” de las funciones que tienen. “Esto, en la práctica, podría perjudicarles. Un vigilante de unos grandes almacenes no va armado. ¿Qué pasa si tiene que perseguir y detener a un ladrón que va armado?”, se pregunta.
Y éste, asegura Barranco, es un caso que podría darse con bastante frecuencia porque la nueva ley obliga a los vigilantes de seguridad a perseguir el delito. Toda esta situación, añade, va “en detrimento de la seguridad pública”.
Habría que saber y aún no se sabe, insiste, qué medios tendrán los guardias jurados para practicar detenciones. “Hasta ahora si hay un incidente en el Hospital Comarcal, llaman a la Policía Nacional. Con la nueva ley, los vigilantes pueden hacer detenciones. ¿Qué harán, saldrán a perseguir a las personas que causen un altercado, les pedirán el DNI, harán identificaciones?”
Por todos estos motivos el Sindicato Unificado de Policía “está en contra” de la nueva Ley de Seguridad Privada. “El ciudadano se merece una seguridad pública”, concluyó Barranco.
