El Gobierno de Sánchez ha decidido que no todos los autónomos españoles pagan suficientes cuotas ya a las arcas públicas y ha decidido aplicar este año 2026 una subida de 135 euros para todos aquellos de los llamados "societarios o colaboradores", que pasarán a pagar anualmente unos 1.600 euros, según ha denunciado ATA, la asociación mayoritaria en el sector. Esa medida afectará a más de mil autónomos en Melilla y a prácticamente un tercio de todos los que existen en España, en su mayoría mujeres o personas mayores de 50. Eso, sin embargo, no ha hecho que este insaciable Ejecutivo que tenemos en Madrid ceje en su afán recaudatorio.
Los directivos de ATA tienen muy claro el motivo de lo que no han dudado en calificar como "sablazo": la ausencia de presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo ya. Esta organización tiene muy claro que se trata de aumentar ingresos en la Seguridad Social ante esa ausencia de cuentas públicas y la obligación de cumplir con la sostenibilidad del sistema de pensiones, que cada día se vuelve más complicada de conseguir.
El caso es que se vuelve a hacer un daño quizás irreparable a cientos de autónomos melillenses. Tanto es así que ya algunas voces, como la del diputado cepemista Emilio Guerra, alertan de la posibilidad de que se siga perdiendo tejido productivo en esta ciudad, ya de por sí afectada por una crisis económica de años. Estamos hablando de que la subida de la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores se ha incrementado para este año más de un 42% y habrá que analizar en los próximos meses qué va a ocurrir con esos negocios.
ATA ya ha avisado de que no se quedará de brazos cruzados ante semejante sangría a los autónomos y su presidente, Lorenzo Amor, ha avanzado que trabaja con varios grupos parlamentarios para buscar una "solución inmediata y con carácter retroactivo" desde el 1 de enero de 2026. Considera que el Gobierno "les ha engañado" porque no congeló la cuota en 2025, tal y como se había establecido en un Real Decreto de 2022, una norma que entonces planteó que la cuota de esos autónomos no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026.
