La organización Stop Desahucios Melilla ha exigido que se establezca una comisión para investigar las propiedades de las viviendas antiguas y el sistema de compra de las mismas, luego del litigio que se ha producido en torno a un domicilio ubicado en General Álvarez.
Además, solicita que se examinen los casos de reclamaciones y se paralicen todos los procesos de desahucio hasta que las pesquisas finalicen.
El mencionado pleito tuvo lugar después de que un matrimonio llevara adelante una denuncia pública, tras una sentencia que indica que la titularidad de la casa en la que habitan pertenece a una ciudadana melillense residente en Madrid, quien la habría heredado de su padre.
Stop Desahucios Melilla explica que en las últimas semanas se ha dado un constante desalojo de familias vulnerables. En este caso, asegura que la compuesta por Fátima y Ahmed se “siente engañada” porque se considera propietaria de acuerdo al sistema que se empleó durante la dictadura, período durante el cual adquirió el inmueble.
Según un comunicado de prensa facilitado por la entidad, el padre de la mujer se hizo de la vivienda durante los años sesenta, a cambio de 20 mil pesetas, “cuando no se le daba la importancia que hay en la actualidad a los documentos de este tipo”. Tras su boda, ella ha residido allí junto a su esposo.
En esa década, los terrenos sobre los que se encuentra ahora la morada eran propiedad del abuelo de la mujer residente en la capital española, pero esa parte, un antiguo establo, fue vendida por la cantidad mencionada anteriormente luego de un acuerdo verbal.
Por su parte, Ahmed señaló que la cuestión de la venta de casas a partir de pactos verbales afecta a varios habitantes en la Ciudad Autónoma.
Ahora existe una orden de desahucio contra el matrimonio, mediante la cual deberá abandonar el hogar en un lapso de hasta diez días después del 6 de mayo.
Actualmente ambos intentan localizar a una de las presuntas herederas con el fin de llegar a un acuerdo que les permita al menos pagarle un alquiler.
