Soy inmigrante con dignidad

El 18 de diciembre de 1990 se aprobó, por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/158, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, considerando la necesidad de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes. Aunque hace ya más de treinta años que se promulgó este Convenio, aún en la actualidad no ha sido reconocido por varios países.

La inmigración es movimiento del trabajo. Cuando ese movimiento se concreta en un lugar y un espacio determinados, el trabajo se utiliza con independencia de la condición de nacional o no de la persona que lo presta. Un inmigrante cuando trabaja es ante todo un trabajador, no es nacional ni extranjero. El trabajo es la base de otros derechos ciudadanos básicos que definen la condición política e igualitaria de las personas. Sólo mediante el trabajo se llega a ser sujeto de derechos. La consideración del inmigrante como trabajador nos permite huir del dilema nacional-extranjero.

La crisis económica ha sido aprovechada para instalar en el universo mediático y en el discurso político ideas que se aceptan como verdades incontrovertibles, cuando en realidad son extremadamente cuestionables cuando no inverosímiles: el trabajador inmigrante ha de ser alguien que no se instale en ningún lugar definitivamente, es un “invitado” al que se le indica amablemente que su visita a este país ha terminado y se le indica la puerta de la calle. El trabajador inmigrante que vive y trabaja en nuestro país más que convertirse en un elemento necesario para el desarrollo económico y la buena marcha de la producción y de los servicios, es visto como un parásito social porque usurpa el trabajo a los nacionales y acapara las prestaciones sociales del Estado en la sanidad y en la educación. La convivencia ciudadana está alterada por su mera presencia, que se relaciona directamente con la criminalidad, la prostitución, etc.

Son ideas simples, falsas y crueles, pero que buscan romper la solidaridad ciudadana y aislar la función cohesiva del trabajo con respecto a la sociedad dividida económica y socialmente. El trabajo es un gran nivelador cultural, una máquina que permite la convivencia sin conflictos profundos entre modos de vida muy diferentes. La salud democrática de un país se mide en estos términos.

No permitamos que se instale en España un discurso segregador, hostil y racista respecto del trabajador inmigrante. Hay que luchar tenazmente contra las primeras manifestaciones de este fenómeno.

En el año 2005 el Consejo Europeo adoptó los llamados Principios Básicos Comunes para la integración, que es una especie de programa común con un enfoque europeo. Entre otros aspectos se resaltaban los siguientes:

La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y los residentes de los Estados miembros.

El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración y es esencial para la participación de los inmigrantes.

El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones, es un requisito esencial para una mejor integración.

Una interacción frecuente entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miembros es un mecanismo fundamental para la integración.

Estos Principios Básicos Comunes constituyen un verdadero programa europeo de integración que tiene un enfoque muy positivo, y que contradice algunas de las políticas que llevan a cabo ciertos gobiernos.

El escritor suizo Max Frisch llegó a decir: “pedimos mano de obra y llegaron personas”.

Esta frase explica gran parte de los errores que cometen los gobernantes y los líderes sociales al considerar a los inmigrantes tan sólo como mano de obra para cubrir las necesidades de los mercados de trabajo, como meros factores económicos, y olvidan que los trabajadores inmigrantes son en primer lugar personas cuya dignidad y derechos fundamentales se deben proteger y garantizar.