Es difícil pasear por Melilla sin cruzarse con alguno de estos niños y adolescentes. Están es casi todos los rincones de la ciudad y en ocasiones abordan a los transeúntes para pedirles algo de comida.
La presencia de menores extranjeros no acompañados (menas) deambulando por calles, reunidos en grupos o refugiados en cajeros o terrazas de cafeterías para pasar la noche ya no sorprende a nadie. Aunque nunca deberíamos haber permitido que fuera así, forman parte del paisaje de nuestra ciudad. Y por ello se han convertido en un motivo de vergüenza para los melillenses ya que esos niños y adolescentes ‘vagabundos’ son personas con unos derechos por los que debería velar la Consejería de Bienestar Social. Esta área de la administración local tiene asumidas las competencias de los menas y gestiona importantes sumas de dinero para atender a estos niños y adolescente. Por lo tanto, no tendría que haber ningún motivo para que estos menores estén en la situación de riesgo en la que se encuentran en Melilla. Existen partidas económicas para su adecuada atención (si son insuficientes, la Consejería debe exigir más al Ministerio) y hay unos responsables encargados de administrarlas (si no se siente capacitada, la consejera debe devolver esa competencia al Ministerio).
Al mismo tiempo, de modo paralelo, es imprescindible emprender las medidas precisas para obligar a Marruecos a que se haga cargo de los menores que cruzan ilegalmente a Melilla. El país vecino, con el que mantenemos unas “extraordinarias” relaciones, según nuestro ministro del Interior, debe entender que la solución a los problemas que afectan a su sociedad no puede consistir en arrojarlos a este lado de la valla. Las autoridades españolas y, en consecuencia, las melillenses pueden colaborar, apoyar y asesorar, pero no pueden ni están en la obligación de resolver las deficiencias de la sociedad marroquí. Sin embargo, la parsimonia con la que nuestra diplomacia aborda este asunto, no puede justificar que la Consejería de Bienestar Social mire hacia otro lado. No es posible desentenderse de este asunto porque se trata de menores que por el simple hecho de ser personas ya merecen una atención que no están recibiendo y que además está garantizada por nuestra legislación. Que el Estado marroquí no sea capaz de dar el trato que merecen como ciudadanos sus nacionales, no libera a nuestras autoridades locales de la obligación de tratar a estos niños y adolescentes como personas.
