La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunciaba el pasado miércoles la presencia en las calles de Melilla de menores extranjeros no acompañados, niños conocidos popularmente como ‘menas’. En su nota de prensa criticaba la “despreocupación” por resolver este problema y la falta de coordinación de la Consejería de Bienestar Social (“entre los organismos de la ciudad de Melilla”, decía la nota). Unos párrafos antes, en el inicio de su escrito, AEGC afirmaba que esos niños sobreviven
“realizando pequeños hurtos, creando inseguridad ciudadana con una alarma social cada vez más palpable”. Esta generalización de todo el colectivo ha llevado a que la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) presente una denuncia ante la Fiscalía por la criminalización del conjunto de menas de Melilla.
El Ministerio Público verá en las próximas horas qué hace con el escrito de la ONG. En justicia, no será posible ni darle toda la razón a la Asociación Pro Derechos Humanos ni quitársela a la AEGC. En cualquier caso, decida lo que decida primero la Fiscalía y después el juez, si procede, lo cierto es que su ‘sentencia’ no tendrá ninguna utilidad para solucionar el problema de los menas en Melilla ni para acabar con la sensación de inseguridad que existe entre parte de la ciudadanía.
Tal vez hubiera sido más efectiva la denuncia de AEGC ante la Fiscalía. Además de la nota de prensa, esa asociación debería haber aportado un informe al Ministerio Público sobre la situación en la que se encuentran esos niños. Tal vez hubiera sido más práctico explicar al fiscal y al juez cómo los agentes de la Benemérita participan en ‘redadas’ sin sentido para localizar a estos niños y llevarlos a La Purísima, de donde salen al poco tiempo para volver a la calle. Quizás habría sido más útil que los agentes hubieran informado al juez de que esta circunstancia sólo ocurre en un centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social. Otras instalaciones regentadas por religiosas acogen a niñas extranjeras no acompañadas y éstas no deambulan por la ciudad sin control, como ocurre con los niños.
Igualmente, habría sido mucho más provechoso que la Asociación Pro Derechos Humanos hubiera aportado a la Fiscalía alguna información sobre lo que, en su opinión, ocurre tras las puertas de La Purísima y que provoca que muchos menas no quieran permanecer en ese centro. También podría haber señalado ante el juez la responsabilidad que no asumen quienes están encargados de velar por los derechos, la seguridad y el bienestar de estos niños.
Hay asuntos más importantes que dirimir si una asociación de guardias civiles ha estado más o menos acertada en la redacción de una nota de prensa. Lo cierto es que en esta ocasión AEGC debería haber sido algo más comedida en su escrito, como corresponde a agentes de la Benemérita, pero también es verdad que no se le puede reprochar que todas sus afirmaciones sean mentira.
Al margen de denuncias, seguro que AEGC y APDH están de acuerdo en que los menas, en su gran mayoría, no son delincuentes. Son niños desprotegidos que deambulan por nuestras calles, creando mucha inquietud entre parte de la ciudadanía sin que quien tiene la responsabilidad de tomar medidas (la consejera María Antonia Garbín) haga demasiado por evitar que cada vez se extiendan más prejuicios sobre los menas. Todos sobemos que son niños, no delincuentes.
