Somos Melilla ha solicitado formalmente la paralización y revisión del expediente de contratación 388/2024/CMA, relativo al servicio de vigilancia privada de edificios y eventos públicos de la Ciudad Autónoma, tras detectar indicios de irregularidades graves en el proceso de adjudicación. Se trata de un contrato que costará 27 millones de euros en los próximos cuatro años.
El presidente de Somos Melilla y diputado en la Asamblea, Amin Azmani, ha dirigido un escrito a la Dirección General de Contratación Pública de la Consejería de Hacienda en el que expone sus dudas sobre la legalidad y transparencia del procedimiento. Estas sospechas, ya expuestas en la última Comisión de Seguridad Ciudadana, coinciden con el recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).
Se denuncian presuntas falsedades y omisiones relevantes por parte de la empresa propuesta para adjudicación, Sureste Seguridad S.L., en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). También se cuestiona la valoración técnica de la oferta presentada por dicha empresa, al detectarse errores en la identificación de las dependencias que debe vigilar y en la documentación relativa al Plan de Igualdad, que no cumpliría con los requisitos legales exigidos.
Antecedes sancionadores
Además, se pone de manifiesto que durante el proceso de adjudicación no se han tenido en cuenta antecedentes sancionadores ni resoluciones contractuales previas que afectan a la empresa propuesta para la adjudicación, lo que podría suponer una vulneración del principio de igualdad entre licitadores.
Azmani considera inadmisible que un contrato de esta magnitud se adjudique si existen indicios sólidos de irregularidades o de trato desigual entre las empresas participantes. Por ello, ha exigido una revisión exhaustiva del expediente por parte de la Dirección General de Contratación Pública, instando a que se analicen con detalle todos los elementos cuestionados y se garantice el cumplimiento estricto de la legalidad.
“El procedimiento de contratación pública debe regirse por los principios de legalidad, transparencia, objetividad e igualdad. Todo lo que se aparte de ahí compromete la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha subrayado el presidente de Somos Melilla.
Desde la formación localista recuerdan que, tanto la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público como la normativa europea, exigen máxima diligencia para evitar situaciones como la denunciada.
“Si se confirma que se han vulnerado principios básicos de la contratación, estaremos ante un caso muy grave que exige responsabilidades políticas y administrativas”, ha concluido Azmani.
