Somos Melilla ha solicitado formalmente por escrito toda la documentación relacionada con los terrenos del antiguo Cuartel de Valenzuela, parcelas sobre las que se construyó el actual centro comercial de la ciudad.
Esta exigencia se produce tras salir a la luz un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que señala ciertos indicios de delitos de prevaricación y malversación de dinero público.
Amín Azmani, diputado y portavoz de la formación, ha denunciado la extrema gravedad de los hechos que hoy son objeto de investigación. “Hablamos de un desfalco prácticamente de 8 millones de euros que supuestamente han ido a parar a Gibraltar y a otros paraísos fiscales”, ha aseverado el líder de Somos Melilla.
Para fiscalizar el origen y desarrollo de este proyecto, la formación política ha registrado oficialmente la petición de diversos documentos que obran en poder de la Administración local.
En concreto, el partido ha exigido que se le facilite toda la información relativa a la cesión de los terrenos, la subasta, la recalificación, los permisos urbanísticos concedidos, los expedientes correspondientes a las licencias de obra del proyecto, así como la documentación oficial sobre las liquidaciones de impuestos vinculadas a esta operación inmobiliaria.
Azmani ha recriminado la actitud del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda. “Ayer vimos a un presidente de la ciudad y del PP más preocupado por mostrar su enfado y su cabreo que en explicar lo que realmente señala la UDEF en ese informe”, ha criticado con dureza.
Desde Somos Melilla advierten que llegarán hasta el final para garantizar la protección de los intereses de la ciudad.
“Los melillenses tienen derecho a conocer toda, absolutamente toda la verdad”, ha defendido el portavoz, reclamando a la Administración una transparencia absoluta frente a cualquier intento de ofrecer excusas o de desviar la atención.
"Queremos todos los documentos, todas las explicaciones y toda la transparencia", ha sentenciado Azmani, quien apuntó que seguirá exigiendo respuestas a las instituciones.
