Somos Melilla ha denunciado que las ayudas al alquiler impulsadas por la Ciudad Autónoma presentan unos límites económicos que, a su juicio, no se ajustan a la situación actual del mercado inmobiliario de Melilla. La formación también ha criticado los retrasos con los que se convocan y abonan estas subvenciones, una circunstancia que, según sostiene, obliga a numerosas familias a asumir durante meses el coste de la vivienda antes de recibir el apoyo económico previsto.
La secretaria de Economía y Política Institucional de Somos Melilla, Jadu Driss, ha asegurado que muchas familias melillenses afrontan cada mes dificultades para hacer frente al pago del alquiler, mientras la convocatoria de estas ayudas continúa siendo presentada por el Gobierno local como una de sus principales medidas de carácter social.
La formación recuerda que la última convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 900.000 euros y tiene como finalidad apoyar a las familias y prevenir situaciones de exclusión residencial. Sin embargo, Driss considera que las condiciones fijadas para acceder a estas ayudas no responden a la evolución del mercado de la vivienda, en el que, según ha señalado, el precio de los alquileres se ha incrementado un 14 %.
Uno de los aspectos que centra las críticas de Somos Melilla son los límites máximos del alquiler establecidos para poder optar a estas ayudas. La convocatoria contempla viviendas con rentas de hasta 750 euros mensuales y amplía ese límite hasta los 850 euros para familias numerosas, siempre que se trate de inmuebles de tres o cuatro dormitorios.
Sobre este punto, Driss ha cuestionado la disponibilidad real de viviendas con esas características dentro de esos precios. Aunque reconoce que puede existir algún caso, considera que una convocatoria pública no puede diseñarse tomando como referencia situaciones excepcionales, ya que ello puede dejar fuera a familias que necesitan el apoyo económico al residir en viviendas cuyo alquiler supera los topes fijados.
La formación sostiene que establecer unos límites alejados de los precios reales del mercado provoca que parte de los potenciales beneficiarios no puedan acceder a las ayudas pese a encontrarse en una situación de necesidad.
Otro de los aspectos señalados por Somos Melilla es el calendario de la convocatoria y el tiempo que transcurre hasta el abono de las subvenciones. Según Driss, esta situación obliga a las familias beneficiarias a adelantar durante meses el importe de los alquileres antes de recibir la ayuda correspondiente.
En este sentido, ha criticado la planificación de la convocatoria correspondiente a 2026, publicada el pasado 10 de junio. A juicio de la formación, las bases se difundieron cuando ya habían transcurrido varios meses del periodo que pretenden subvencionar, por lo que muchas familias en riesgo de exclusión ya habían tenido que asumir esos pagos e incluso recurrir al endeudamiento para afrontarlos.
"Esto no ocurre por primera vez. Año tras año vuelven a errar", ha denunciado Driss.
Por ello, Somos Melilla reclama que las convocatorias se publiquen con suficiente antelación, que los requisitos económicos se adapten a la realidad del mercado inmobiliario y que tanto la resolución de los expedientes como el pago de las ayudas se tramiten con mayor rapidez.
La formación ha mostrado además su preocupación por la situación del Programa 3 del Plan Estatal de Vivienda, destinado a personas que atraviesan una situación de emergencia habitacional, entre ellas víctimas de violencia de género, familias desahuciadas, personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables.
Según ha explicado Driss, la información trasladada a Somos Melilla apunta a que estos beneficiarios continúan sin percibir la totalidad de las ayudas que les corresponden, aunque ha valorado positivamente que se hayan abonado los tres primeros meses del año en concepto de anticipo.
La responsable de Economía y Política Institucional considera que, si la demora responde a actuaciones pendientes del Gobierno de España, tal y como sostiene la Ciudad Autónoma, el Ejecutivo local debe adoptar un papel más activo para reclamar los fondos correspondientes, mantener reuniones con el Ministerio e informar públicamente del estado de la tramitación para ofrecer seguridad a las familias afectadas.
Asimismo, Somos Melilla solicita que se aclare con transparencia qué competencias corresponden a cada administración y en qué punto se encuentra el procedimiento que está retrasando la llegada de los recursos.
Driss también ha pedido la implicación de la Delegación del Gobierno en Melilla para contribuir a resolver esta situación y explicar, en caso de que sea así, cuáles son los motivos que están retrasando la llegada de los fondos estatales.
Mientras tanto, la formación considera que la Ciudad Autónoma debería estudiar mecanismos de financiación propios y de carácter temporal que permitan garantizar la protección de las personas afectadas hasta que se reciban los recursos pendientes.
Por último, Driss ha trasladado otra de las preocupaciones que, según afirma, numerosos ciudadanos hacen llegar a Somos Melilla: la dificultad para conseguir una cita con responsables políticos de la Ciudad Autónoma para plantear cuestiones relacionadas con vivienda, ayudas sociales o situaciones personales especialmente graves. En este sentido, ha defendido que quienes desempeñan responsabilidades públicas deben atender a la ciudadanía, escuchar sus problemas y ofrecer respuestas desde una administración cercana y transparente.
