Los socorristas que vigilaron las playas de Melilla este verano siguen sin cobrar los sueldos que les deben y, encima, el juicio para reclamar el dinero a la empresa murciana Matersa no se celebrará hasta 2023.
Según explicó a El Faro uno de los trabajadores afectados, a primeros de este mes de enero han presentado cuarenta demandas en el Juzgado de lo Social de Melilla para reclamar el dinero que les corresponde por el impago de horas extras y sueldos de julio, agosto y primera quincena de septiembre de 2021.
A la demanda de los socorristas se han sumado enfermeras y patrones de barco, también vinculados al contrato público adjudicado por la Ciudad Autónoma a Matersa para el servicio de vigilancia de las playas el verano de 2021.
La empresa, que a su vez sufre el impago del Gobierno de Melilla, dijo en noviembre que intentaría llegar a un acuerdo con los trabajadores para evitar terminar ante un juez, pero los socorristas aseguran que el acercamiento nunca se llegó a producir.
En declaraciones a El Faro, desde Matersa aseguraron este miércoles que el juicio no se celebrará, porque insisten en que su intención es solucionar el problema antes de llegar a los juzgados.
Cuatro meses del fin de la temporada de baño
La temporada de baño acabó el 17 de septiembre de 2021 y la adjudicataria que ganó el concurso de la Ciudad tras hacer la oferta más baja no ha abonado todavía ni los salarios ni el finiquito que por ley corresponde a los trabajadores.
En noviembre de 2021 la empresa recibió la notificación de la sanción que, según pudo saber El Faro, asciende a 30.000 euros. O sea, 30 euros por cada minuto sin prestar servicio de socorrismo en la playa (1.080 minutos).
El con flicto estallo cuando Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla dijo que no abonaría el monto del contrato de socorrismo, que la Ciudad firmó con la empresa adjudicataria Matersa, hasta que no se resolviera el expediente de Revisión de Oficio abierto.
Según fuentes de Seguridad Ciudadana consultadas por El Faro, el contrato no se extinguió en el momento en el que se supo que la empresa adjudicataria no tenía la capacidad de obrar, porque ninguna de las otras dos empresas licitadoras a las que se les había ofrecido continuar con la prestación del Servicio de Salvamento quisieron hacerse cargo.
Se trata de un servicio esencial que no puede dejar de prestarse a los ciudadanos, por eso se decidió abrir un expediente ante la posibilidad de declarar una nulidad de pleno derecho.
La Ciudad dijo que no había abonado el dinero que le debe a Matersa (unos 210.000 euros) porque está a la espera de un informe solicitado para ver si el interventor municipal tiene razón en el reparo interpuesto al abono del dinero.
Este es uno de los servicios que hay que municipalizar.