La notificación ayer del sobreseimiento libre y archivo de la querella presentada contra la exconsejera de Presidencia, Paz Velázquez, por dirigentes, diputados locales y otros afines a CpM, es un auténtico jarro de agua fría sobre Coalición por Melilla y su pulso al Partido Popular en la polémica por los borregos marroquíes para el Aid el Kebir.
Los cepemistas, que ya la habían dado por imputada, que ítem más habían extendido por ello la responsabilidad política al expresidente Imbroda, conminándole por tal motivo a que pidiera perdón al pueblo de Melilla, no sólo se enfrentan ahora a un auto que deja libre a la exconsejera. La nueva pieza judicial –susceptible no obstante de recurso- va mucho más allá y realiza toda una exégesis de la controvertida orden del año pasado, poniendo muy en solfa su claridad y con ello su auténtica virtualidad para hacer posible la entrada excepcional de borregos marroquíes con ocasión de la Pascua Islámica, al menos en el modo y forma que interpretaba o pretendía CpM con el aliento y complicidad del PSOE local.
El auto del Juzgado de Instrucción nº5 de hecho supone un tirón de orejas al propio Ministerio de Agricultura y a la Delegación del Gobierno, por la falta de claridad de la nueva orden que se dictó en julio de 2018 y que sirvió a la Delegada Sabrina Moh y al propio PSOE para actuar como cómplices perfectos de la estrategia política de Coalición por Melilla.
Según el referido auto, la citada orden nunca aclaró, a pesar de lo solicitado por la Ciudad Autónoma, si un particular sin alta ni registro para actividades ganaderas podía importar excepcionalmente borregos de Marruecos para el Aid el Kebir, tal cual lo hizo creer la propia Moh a partir de la susodicha orden.
De tal forma, y con esa falta de claridad, se construyó la gran trampa que sirvió de piedra angular a las nuevas manifestaciones promovidas por CpM, sin que la nueva Delegada se viera afectada y con el foco de la protesta dirigido exclusivamente contra el Gobierno Imbroda y su consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez.
Ni quedó nunca claro, como dice el auto, si un particular sin registro para la actividad ganadera podía promover la importación del borrego marroquí, ni mucho menos que se autorizara lo que pretendía CpM, es decir, la conversión del matadero en un establo provisional, en el que acumular los corderos de Marruecos en los días previos a la Pascua y hasta su entrega a sus respectivos compradores.
Un auténtico despropósito más si se tiene en cuenta que, precisamente, cualquier animal que llegue al matadero jamás puede salir del mismovivo para ser sacrificado en ningún otro lugar, puesto que su destino al matadero es, precisamente, para que sea allí donde se sacrifique.
Pero aún así, CpM se empeñó en acusar a Velázquez de no autorizar lo que a priori resultaba imposible y por ello le presentó una querella que ha acabado inicialmente sobreseída y archivada por decisión del propio juez, que en ningún caso ve en la exconsejera una actuación susceptible de la prevaricación y delito de desobediencia que le imputaban los cepemistas.
El caso, no obstante, no va a quedar zanjado por ello. CpM aún no ha valorado el auto y posiblemente presentará el correspondiente recurso al que tiene derecho. Pero es más, con el próximo Aid el Kebir a escasas semanas y el silencio administrativo actual que, en principio, augura una nueva prohibición a la entrada de borregos de Marruecos, esta vez posiblemente sin excepciones de ningún tipo (dado los nuevos y numerosos brotes de fiebre aftosa en el vecino país), los cepemistas habrán de pensar mucho y muy bien qué mensaje van a trasmitir a la opinión pública para aparentar que son merecedores de un mínimo de crédito.
El auto da por hecho que la ley, en contra de lo que sostiene CpM, no admite de forma general la importación, a Ceuta y Melilla y resto de territorio europeo, de ganado de origen magrebí.
Da por hecho, igualmente, que la excepcionalidad regulada el pasado año por los socialistas fue confusa y no atendió los lógicos requerimientos de aclaración que realizó formalmente y en plazo la Ciudad Autónoma.
Que la querella contra Paz Velázquez carece de fundamento y que, incluso, salvo dos de los doce querellantes, el resto carecía de legitimidad para poder presentarla y actuar como acusación particular. Extremo este que no deja en muy buen lugar el proceder del polémico abogado Boyé contratado por los cepemistas o del propio doctor en Derecho, el melillense y conocido socialista Emilio Bosch, que también decidió sumarse a la causa. A todos ellos, el juez les recuerda que deberían haber actuado como acusación popular, condición para la que sí estaban legitimados pero que no ejercieron.
Dicho todo esto, tanto el año pasado como en 2017, en que siendo Delegado El Barkani también se establecieron medidas de excepcionalidad para la entrada de ganado marroquí con motivo del Aid (aunque eso sí de manera clara y sin ambages), los borregos de Marruecos podrían haber entrado, pero como expediciones comerciales y conforme a los requisitos establecidos por la ley. Claro está que, para hacerlo posible y no desaprovechar la oportunidad, tanto CpM como el PSOE deberían haber mantenido otra actitud, favoreciendo la sensatez y no el agrio enfrentamiento que tanto ha socavado la convivencia y el entendimiento entre las principales comunidades que conforman Melilla.
El borrego, tal cual se ha venido pasando por la frontera con anterioridad al 2016 -es decir, como si de objetos se tratara, apilados en maleteros de coches particulares, de forma peatonal y atados a cuerdas, o cargados de cualquier modo sobre bicicletas o motos- es algo que ya pasó a la historia por cuestiones puramente sanitarias y de control fronterizo. Y con ello, lejos de lo que sostiene CpM, ni se atenta ni se contraviene ni, por supuesto, se quebranta la fiesta de la Pascua islámica.
Llegará el día en que tampoco se permita el sacrificio en los domicilios, porque en esto la permisividad actual es demasiado laxa y poco acorde a la legislación. Para entonces, no será la protesta ni la gresca la reacción adecuada, sino la pedagogía y la puesta a disposición de mataderos controlados con presencia de veterinarios, donde los musulmanes puedan seguir practicando el rito pero conforme a las normas vigentes.
