Cualquier ciudadano puede distinguir por su aspecto físico a un ciudadano sirio de otro procedente del África subsahariana.
Ambas personas también son absolutamente diferentes en el ámbito cultural. Y no tienen nada que ver entre sí sus respectivas historias como pueblo. Sin embargo, cuando unos y otros ponen un pie en la oficina de asilo de Beni Enzar, son indiferenciables. Ambos tienen el mismo derecho a solicitar la protección de nuestro país por las mismas causas. Y nuestras autoridades deben analizar su peticiones bajo un mismo criterio y rechazarlas o aceptarlas de manera individual con la misma argumentación.
Como no podía ser de otro modo, la ley de asilo en nuestro país no establece ninguna clase de discriminación según la procedencia del solicitante. Ésa es la teoría. En la práctica no ocurre así, al menos, en las dependencias de Beni Enzar.
Desde la apertura de estas instalaciones, los funcionarios sólo han atendido peticiones de ciudadanos que en su mayor parte son de nacionalidad siria y ni una sola de inmigrantes de origen subsahariano. No ha travesado la puerta ninguna persona procedente, por ejemplo, de Mali o Guinea Conakry porque, sencillamente, antes esos inmigrantes deben atravesar el control del puesto marroquí y las autoridades del país vecino les impiden el paso.
Hace dos meses, El Faro de Melilla planteó esta situación al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, quien acabó reconociendo que desconocía los “tramites administrativos” que debería seguir un inmigrante subsahariano para tramitar en Melilla su solicitud de asilo sin necesidad de tener que saltar la valla. La próxima semana, según anunció hace unos días el presidente Juan José Imbroda, visitará nuestra ciudad Cristina Díaz, directora general de Inmigración y Asilo. Probablemente, Díaz podrá explicar al delegado del Gobierno y al resto de melillenses cómo puede ejercer su derecho a solicitar la protección de nuestro país un subsahariano que se encuentra en Marruecos y que la Policía de ese país le impide acceder hasta nuestra oficina de asilo. Es evidente que la directora general de Inmigración tendrá la solución a esta paradoja aparentemente irresoluble. De otra manera, estaríamos ante la estupidez de que nuestro país ha realizado una inversión discriminatoria en medios materiales y humanos para garantizar unos derechos que corresponden a todos los inmigrantes, pero que sólo una parte de ellos puede ejercer.
Cuando Cristina Díaz ofrezca las oportunas explicaciones, los inmigrantes subsaharianos comprenderán lo absurdo de seguir con sus continuos intentos de saltar la valla. Sin embargo, mientras llegan esas aclaraciones, lo único aparentemente absurdo es el planteamiento de crear una oficina de asilo a la que sólo puede acceder una parte de las personas que están en su derecho de solicitar protección a nuestro país, discriminando así al resto.
