Recientemente se ha publicado la Resolución del recurso contra los Pliegos de la licitación convocada por la Consejería de Hacienda de la CAM para la contratación del ‘Servicio de salvamento acuático del Plan de salvamento y socorrismo de los puestos de primeros auxilios de las playas de Melilla’ expediente 12/2021/CMA dando la razón, parcialmente, a la empresa que los recurrió. Lo curioso es que el Tribunal utiliza el mismo argumento legal que la Consejería usó para anular el primer pliego y que, sin embargo, volvieron a mantener el error cometido. “Sostenella y no enmendalla” por tanto, lo cual dice muy poco a favor de los funcionarios o políticos que han seguido el procedimiento sin corregirlo en lo ya declarado como defectuoso por el propio Órgano de la Administración.
Y, por desgracia, no es el primer caso en que las licitaciones de la CAM o las adjudicaciones directas a empresas “por la vía de urgencia” son objeto de dudas legales e, incluso, han sido denunciadas ante la Fiscalía e iniciadas por la misma la apertura de diligencias. En otros casos, nos ha sorprendido que se adjudiquen subvenciones directas a Organizaciones “sin ánimo de lucro” de trabajos o servicios que deberían haber sido objeto de licitación entre las empresas dedicadas a dicha actividad.
La situación de los empresarios de Melilla no se merece esta inseguridad jurídica y falta de transparencia y legalidad en los procedimientos administrativos de la Ciudad. Los políticos, en su cargo de Consejeros, deben cumplir y hacer cumplir las normas en bien de todos. La pretendida regeneración política debe empezar por uno mismo y no caer en los errores que tanto se han criticado y no salvar su responsabilidad derivando la misma a los técnicos o funcionarios a su cargo o apartándolos de sus funciones si no siguen sus instrucciones, aunque estas no se ajusten a la legalidad.
No nos olvidamos de la respuesta dada por la responsable en Melilla de la Delegación del SEPE ante el recurso presentado por las dos Asociaciones de empresas de formación por las condiciones exigidas en los Pliegos de los cursos para desempleados e inasumibles por ellas. En vez de sentarse con los centros autorizados por el propio SEPE e intentar modificarlos, decidió denunciar a las Asociaciones Empresariales ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Resultado de su gestión: se han perdido casi la totalidad de los 2,7 millones presupuestados en 2021 para los cursos para desempleados a los que añadir los 2 millones perdidos el año pasado por mala gestión en su tramitación. Esta actitud merece nuestra total reprobación de las personas que están al frente de esa Dependencia Provincial y la Delegación del Gobierno debería tomar nota de ello.
Obligar a los empresarios a acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos no es bueno, ni para los empresarios afectados ni para los políticos que incurren en estos “errores” o presuntos hechos delictivos. Nuestra misión, en estos momentos, es intentar sobrevivir y mantener los puestos de trabajo que con tanto esfuerzo hemos creado y no estar “luchando contra los elementos” que se nos ponen delante en vez de facilitarnos la tarea. Esperamos y deseamos un CAMBIO y que se adopten por parte de quien corresponda las medidas necesarias para acabar con esta situación cuanto antes.
